Balears no se resigna a tener un sistema de financiación que la obliga a destinar un tercio de sus recursos a solidaridad con otras comunidades autónomas y por ello «luchará» para conseguir que la modificación del sistema de financiación sea lo más justa posible con las Islas. Este es el mensaje que ayer trasladó el president del Govern, José Ramón Bauzá, después de que se conociera que Balears deberá aportar el año que viene 802 millones en concepto de solidaridad con otras autonomías, es decir, más de 700 euros por ciudadano.
El Ministerio de Hacienda ya ha informado al Govern de que el año que viene recibirá 1.942 millones de euros en concepto de financiación autonómica, un 2,11 por ciento menos que este año. Los fondos de solidaridad también se reducen aunque en menor medida y los 802 millones que aportará Balears el año que viene han sido 811,99 en 2013.
Sistema injusto
A preguntas de los periodistas, el president afirmó que el actual sistema de financiación es «perverso, injusto y no predecible» y perjudica a las Islas. «Los ciudadanos de Balears no se merecen este sistema de financiación», señaló el president del Govern. Afirmó que, junto con Madrid, Balears es la única comunidad que hace aportaciones a los dos fondos de solidaridad, el de garantía y el suficiencia y añadió que, porcentualmente, los ciudadanos de la Comunitat son lo que más aportan a las arcas del Estado.
Bauzá aseguró las Islas quieren seguir siendo solidarias con otras autonomías, pero de forma paralela añadió que los ciudadanos de las Islas se están esforzando más que los e otras comunidades.
El exconseller d'Hisenda del PSIB Carles Manera salió ayer en defensa del modelo de financiación y aseguró que las entregas a cuenta, es decir, el dinero que el Gobierno calcula que le corresponde a Balears, no se ajusta a la realidad de los ingresos tributarios.
Media
Manera insistió en que gracias a este modelo Balears se ha situado en la media de financiación de las comunidades autónomas, si bien reconoció que los efectos beneficiosos del sistema no se apreciarán hasta dentro dos años. El representante socialista insistió, en cualquier caso, en que el sistema establece que el Gobierno esta incumpliendo su obligación de invertir unos 300 millones al años, como marca el Estatut.