Mac Insular ha informado hoy de que el informe emitido por el Consell Consultiu a raíz del expediente de nulidad de oficio iniciado por el Consell de Mallorca avala el contrato de concesión firmado hace diez años para la gestión de los residuos de construcción y voluminosos.
La empresa ha asegurado en un comunicado que el informe realizado por este órgano recoge la totalidad de sus argumentos jurídicos en favor de la validez del contrato, algo que garantiza «la continuidad de un servicio que da empleo a cerca de 200 personas» y pone fin a la incertidumbre laboral que han sufrido.
El dictamen avala la legalidad de todo el procedimiento de contratación, según Mac Insular, que ha criticado que ha sufrido «injustamente un grave perjuicio en su imagen por las dudas generadas respecto a su actuación, dudas que ahora se han demostrado totalmente infundadas».
La empresa ha advertido de que la eventual existencia de discrepancias de interpretación, «en ningún caso podía suponer la nulidad de un contrato firmado hace diez años y desarrollado con unos niveles de servicio impecables que no han merecido hasta la fecha ningún reproche por parte de la administración contratante».
Sobre la acusación del Consell de Mallorca de que Mac Insular habría realizado sobrefacturaciones entre los ejercicios 2006 y 2012, la empresa ha manifestado que se trata de una afirmación «rotundamente falsa» y que durante ese periodo la compañía ha acumulado cuantiosas pérdidas económicas.
Mac Insular ha manifestado su disposición a alcanzar un acuerdo con el Consell de Mallorca siempre que garantice la defensa de un modelo de gestión de residuos de construcción y voluminosos imprescindible para la protección de los valores ambientales de la isla.
También ha puesto como condiciones la viabilidad económica del servicio mediante un adecuado equilibrio entre costes e ingresos con total transparencia en la información, y la garantía de la seguridad jurídica y cumplimiento de la legalidad vigente, estableciendo mecanismos efectivos de inspección y sanción realmente disuasorios que aseguren que los ciudadanos y empresas que cumplen con la legalidad no se vean perjudicados por quienes la infringen.