La Audiencia Provincial ha ordenado en las últimas semanas el ingreso en prisión de Maria Antònia Munar y Josep Juan Cardona, condenados por el ‘caso Can Domenge' y el ‘caso Scala', respectivamente, en cumplimiento de sendas sentencias provisionales, toda vez que ambas han sido recurridas ante el Tribunal Supremo. El pretexto para justificar esta grave decisión de los magistrados ha sido el riesgo de fuga que han percibido ante las graves condenas que les han impuesto y, además, el importante volumen de dinero que tienen oculto –el cual no ha sido localizado ni por la Policía ni por la Agencia Tributaria– en el extranjero.
«Es la excusa judicial para enmascarar una condena anticipada», asegura el abogado Agustín Aguiló, el cual no duda en afirmar que «hay que revisar el concepto de riesgo de fuga en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal». En opinión de este letrado «estos encarcelamientos preventivos responden a una innegable presión social», añadiendo a continuación que «la alarma social es un concepto caduco que no justifica un ingreso en prisión sin condena firme para delitos de carácter económico. Este tipo de medidas están pensadas para delitos de sangre o con violencia».
Aguiló recuerda que «la huida es muy costosa y además no tiene garantías», y recuerda que España tiene suscritos convenios de extradición con numerosos países. En este sentido, el abogado advierte que «de la cárcel se sale y de la huida nunca, fugarse significa vivir con la angustia diaria de que te descubran». El prófugo acaba condenado a vivir en la clandestinidad en países de nula estabilidad y a expensas de la voluntad cambiante de sus gobernantes.
En este sentido, Agustí Aguiló coincide con el catedrático Manuel Ollé, exabogado de Jaume Matas, en que «el mundo se ha vuelto pequeño para quienes huyen de la Justicia».