El Govern no permitirá que se coloquen lazos con la bandera catalana en las fachadas de los colegios, pero sí permitirá que se coloquen si están hechos con la bandera española, según explicó ayer el vicepresident del Govern, Antonio Gómez.
El Consell de Govern aprobó ayer la polémica ley de símbolos, que regula qué puede y qué no puede colocarse en las fachadas de los edificios propiedad de la Comunitat. También afecta a aquellos edificios privados pero cuya actividad se sostenga con dinero público, como es el caso de los colegios concertados.
La ley establece que, además del escudo, los únicos símbolos oficiales son las banderas de Balears, España, la Unión Europea, los consells y los ayuntamientos.
Sólo lo oficial
La ley permite únicamente estos símbolos en las fachadas mientras prohibe todos los demás. Si un centro quiere colocar un lazo diferente en la fachada, deberá pedir permiso a la Conselleria competente.
La colocación de un lazo que no esté hecho con alguna de las banderas oficiales de la Comunitat estará sancionado con multas de hasta 10.000 euros. Es la sanción máxima que se impondrá cuando la persona que coloque el lazo sea identificada.
Si no se identifica, el director del centro tendrá la obligación de ordenar la retirada del lazo y, en caso de que no lo haga, será sancionado con una multa de entre 2.001 y 5.000 euros.
El vicepresident del Govern, Antonio Gómez, explicó que se trata de una ley disuasoria con la que se pretende evitar que se coloquen símbolos no permitidos en los edificios de titularidad del Govern.
«No es una ley que limita la libertad de expresión -señaló el vicepresident-, ya que los ciudadanos tienen derecho a usar los servicios públicos con total imparcialidad».
Gómez insistió en esta idea y aseguró que los niños acuden a los colegios «a educarse» y añadió que cualquier otra manifestación no tiene por qué afectar «al libre desarrollo de la personalidad». «En estos espacios no cabe ningún tipo de manifestación ideológica», afirmó el vicepresident.
Gómez añadió que el Govern aprobará ahora un reglamento que desarrolle la ley, aunque previamente debe quedar aprobada por el Parlament.