La antigua cárcel de Palma, ubicada en la carretera de Valldemossa, ya es de titularidad municipal. El teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, informó que Cort y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) firmaron el pasado viernes la escritura pública de permuta de la antigua prisión por las parcelas donde se ubican el Centro de Inserción Social y la Unidad de Madres. Además, el Ajuntament tendrá que abonar 186.000 euros, a pagar en cuatro anualidades, en lugar de los 1,7 millones de euros que reivindicaba Madrid. Valls destacó que «es un muy buen acuerdo, que supone un ahorro de más de 1,5 millones de euros para el municipio, y que demuestra las excelentes relaciones que hay ahora mismo entre las dos administraciones».
Inversores
Respecto al futuro de los terrenos de la antigua cárcel, el titular d'Urbanisme volvió a hacer un llamamiento a la iniciativa privada para que presenten proyectos para ejecutar en la zona. Valls insistió en que el Consistorio no tiene disponibilidad económica. A principios de legislatura un grupo alemán presentó un proyecto para rehabilitar el antiguo centro penitenciario y convertirlo en un museo de coches de alta gama con usos complementarios (restauración, hotel, etc). El teniente de alcalde adelantó que se pondrá en contacto con el citado grupo alemán para conocer si mantiene la intención de invertir en la zona. En los terrenos de la antigua cárcel está prevista la construcción de 100 viviendas de protección oficial, pero el Ajuntament no descarta realizar una modificación puntual del planeamiento para cambiar su uso.
En el caso de que la opción elegida sea la venta, deberá realizarse por concurso público. El precio de salida no será inferior a 3,8 millones de euros -cantidad en la que están tasados los terrenos-, salvo que el proyecto que se pretenda realizar tenga un valor social que lo justifique. Valls pedirá al departamento de Patrimonio que analice las diferentes alternativas.
Por otra parte, el Consistorio palmesano enviará próximamente a los técnicos municipales para que comprueben el estado de la antigua prisión.