La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares notificará a partir de las 12.00 horas este martes, casi veinte días después de finalizar el juicio del caso Can Domenge, la sentencia por la venta presuntamente irregular de estos solares palmesanos, una causa por la que han sido juzgados la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el exvicepresidente insular Miquel Nadal y otros cuatro acusados.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Munar y cuatro para Nadal, mientras que pide ocho meses de prisión para el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, un año para el de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, un año para el máximo accionista de la empresa adjudicataria de los terrenos, Román Sanahúja, y 18 meses para el letrado externo de esta mercantil, Santiago Fiol.
Por su parte, el letrado de Munar, José Antonio Choclán, solicita la libre absolución de su patrocinada mientras que, en el caso de Nadal, su abogado también reclama que sea absuelto, si bien plantea de forma alternativa una condena de seis meses de prisión con la aplicación de la atenuante analógica de confesión.
«Prostituir las instituciones»
Durante la lectura de su informe final, el fiscal anticorrupción Juan Carrau justificó las «graves» penas que solicita en el hecho de que los exaltos cargos se valieron de su función pública para «atacar a la estructura democrática» y «prostituir las instituciones». Tal y como aseveró, «nos encontramos ante delitos de corrupción» debido a que han supuesto «una traición y una deslealtad» a la Administración y a los ciudadanos, además de haber quebrantado la confianza depositada por éstos en su gestión.
Asimismo, apuntó que la exdirigente histórica de UM «controló y dominó» los hechos «desde el principio hasta el final» de la tramitación del proceso por el que, de forma presuntamente irregular, fueron adjudicados los solares palmesanos de Can Domenge a la mercantil Sacresa, quien abonó por ellos 30 millones de euros, una cantidad notablemente inferior al precio real de los terrenos.
Y es que, según puso de manifiesto durante la exposición de sus alegatos, a lo largo de la vista oral se recogieron «pruebas suficientes de que intervino directamente en los hechos», recordando cómo ya desde un principio habló con el expresidente del Govern Jaume Matas para abordar de qué forma se segregarían los solares a fin de que una parte de ellos albergara la construcción del velódromo Palma Arena -investigada en otra causa de supuesta corrupción-.
«Desde ese momento ella asumió personalmente la situación», recalcó el representante del Ministerio Público, quien señaló que también al final del procedimiento administrativo, Munar firmó la compraventa y autorizó el decreto de aprobación del expediente de contratación. «No es ajena a nada de lo que sucede», insistió.
«No eran alcaldes de un pueblo con boina»
Del mismo modo, el abogado que representa a la mercantil Núñez y Navarro, querellante y acusación particular en el caso Can Domenge, consideró «imposible» que los acusados fueran «tan negligentes» en el proceso de adjudicación de los solares, puesto que, «con perdón, no eran alcaldes de pueblo con boina», sino «gente muy ilustrada» con una larga trayectoria jurídica y económica.
En su intervención durante la fase de informes finales, el letrado de la promotora catalana, Cristóbal Martell, negó que los exaltos cargos de UM que se han sentado en el banquillo actuaran con «dejación por negligencia» puesto que entre ellos hay una licenciada en Derecho «de brillantísima trayectoria», en referencia a la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar; un economista «de éxito», en alusión al exconseller Miquel Àngel Flaquer, y un abogado como el exvicepresidente insular Miquel Nadal.
«No es creíble que no se miren las cosas veinte veces con lupa e hilen fino», incidió el abogado, quien consideró de este modo «imposible ser tan negligente en gente que a lo largo de su vida han demostrado tanta sagacidad e inteligencia».
Los alegatos de la defensa de Munar
Frente a todo ello, la defensa de la expresidenta identificó el desarrollo del juicio como un «proceso inquisitivo premoderno», citando para reforzar sus argumentaciones parte del contenido del 'Manual de Inquisidores', de Nicolau Eymeric (siglo XIV). El abogado recriminó además que la celebración de la vista oral «ha pervertido el sistema y nos ha generado evidente indefensión».
Tal y como puso de manifiesto, en ningún documento ni prueba practicada ha aparecido el nombre de Munar como tampoco ninguno de los demás acusados, salvo el exconseller Bartomeu Vicens -para quien la Fiscalía rebajó su petición de pena de seis años a ocho meses de prisión-, «ha mencionado una posible participación en los hechos» enjuiciados.
«Si hay que absolverla, se le absuelve, porque cuando hay que absolver hay que proceder a ello, aunque la acusada se llame Munar», recalcó en este sentido el letrado, quien aseveró que la aportación de Vicens a este proceso «ha sido cero», comparando su figura con la del «hereje pertinaz de la Inquisición» que acababa confesando sus culpas y a quien «ninguna credibilidad cabe dar».