Palma tiene 1.500 plazas de aparcamiento para personas con problemas graves de movilidad y 2.580 tarjetas de estacionamiento para ellas, es decir, que cada plaza la comparten 1,7 usuarios. Para evitar esta saturación, Cort y el Govern firmaron ayer un convenio de colaboración que tiene la finalidad de combatir el fraude y dar un mejor servicio a los ciudadanos que lo necesitan. El alcalde Mateo Isern precisó que se hará una depuración de las tarjetas de aparcamiento porque no todas están en vigor y se mejorarán los mecanismos en la concesión y control de las mismas.
La consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández, explicó que instaurarán un sistema de supervisión que contribuya al buen uso de las tarjetas de aparcamiento y aseguró que las administraciones competentes prestarán un servicio mejor. Las tarjetas de estacionamiento son emitidas por Cort y a partir de ahora el centro base de la Conselleria elaborará un dictamen específico sobre la existencia de problemas graves de movilidad; también establecerá si estos problemas son de carácter permanente o transitorio.
La Policía Local también colaborará y facilitará información de las tarjetas al centro base, al tiempo que este le comunicará las posibles incidencias de los expedientes.
La firma del citado convenio es una reivindicación de las asociaciones de personas con graves discapacidades físicas representadas en la Mesa Palma Accesible, que a veces se encuentran con dificultades para acceder a una plaza de aparcamiento ocupada por otro usuario y, en ocasiones, por personas que utilizan estas tarjetas sin que su condición física lo justifique.