Anticorrupción y la policía retoman la investigación del cohecho en la venta del solar de Can Domenge al día siguiente del visto para sentencia en el juicio. El supuesto intermediario al que Sacresa entregó el dinero para que se lo entregara a los responsables políticos del Consell Insular compareció ayer para declarar en la jefatura del Cuerpo Nacional de Policía.
Miquel Llinàs confirmó en su declaración que recogió un dinero en efectivo por indicación del entonces conseller de Territori del Consell, Bartomeu Vicens. Según esta versión, le llamó y le dijo que tenía que traerle el envío, algo que él hizo. A cambio de su participación recibió un 'regalo'. Llinàs, conocido como 'Cameta' ratifica así de forma parcial la versión de Bartomeu Vicens y de Román Sanahuja sobre que hubo un pago en efectivo de cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación del solar en treinta millones. Limita su participación a esa gestión, por lo que no dice nada sobre el papel que pudieran tener Miquel Nadal y Maria Antònia Munar. El primero es quien, según Vicens negoció con Sacresa el cobro del soborno.
La investigación del cohecho comenzó el mismo día que Bartomeu Vicens presentó en la Audiencia Provincial. El pasado 20 de mayo la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma. Ese mismo día la causa se declaró secreta y se autorizaron sendos registros en las viviendas de Munar y Nadal.
Durante el tiempo que se ha prolongado la vista oral del juicio la investigación se ha ralentizado para no interferir en la celebración de las sesiones. Sin embargo, el interrogatorio de alguno de los posibles participantes en la trama del cohecho ha llevado a que la Fiscalía pidiera que se remita una copia de la grabación de los interrogatorios al juzgado de Instrucción. Varios testigos aludieron a que conocían la exigencia del dinero por parte de los responsables del Consell, entre ellos dos de los máximos directivos de Sacresa: José Maria Pujals y Mario Sanz.