El Govern no teme una posible intervención de sus cuentas a pesar de que reconoce que no paga a los proveedores en los 30 días de plazo que marca la ley. Pese a ello, la posible intervención de las cuentas es una de las medidas extremas que se prevén en el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, aprobado el viernes en el Consejo de Ministros.
El texto estipula que cualquier comunidad autónoma podrá ser intervenida si no paga a los proveedores en 30 días. La intervención se produciría a los siete meses de que la Comunitat reciba el primer aviso por parte del Gobierno. En ese caso, la comunidad quedaría intervenida y se suspendería su capacidad normativa sobre los tributos cedidos.
No cumple
El Govern reconoció ayer que no cumple los plazos previstos por la ley especialmente en lo que respecta a los proveedores de sanidad, que en algunos casos tienen que esperar más de seis meses hasta que cobran de la Administración autonómica.
Pese a ello, fuente de la Conselleria d'Hisenda descartaron ayer que la Comunitat vaya a ser intervenida. Afirmaron que el Govern ya ha dado los pasos para que el presupuesto se traduzca en liquidez real por parte de la Administración, es decir, que no se vaya a presupuestar nada para lo que después no haya dinero.
Las mismas fuentes no se atrevieron a dar un plazo para que la Comunitat se ponga al día en el pago a proveedores, pero destacaron que, en los próximos meses, habrá cambios financieros importantes que contribuirán a que el Govern pague a tiempo. Entre estas modificaciones, figura el próximo mecanismo de pago extraordinario a los proveedores, que esta vez estará centrado en el pago a las Administraciones.