Las conclusiones definitivas de la Fiscalía al final del juicio de Can Domenge plasmaron el acuerdo alcanzado por el ministerio público con los dos ‘arrepentidos' del caso: el exconseller Bartomeu Vicens y el dueño de Sacresa, Román Sanahuja. El primero acepta una pena de ocho meses de cárcel y el segundo una multa de 180.000 euros. En el otro extremo, Anticorrupción y el resto de acusaciones mantienen una petición de seis años de cárcel para la expresidenta del Consell, Maria Antònia Munar. El exvicepresidente, Miquel Nadal, que acepta haber facilitado información a la empresa que se hizo con la finca se queda en una petición dos años inferior a la que se le realizaba al inicio del juicio y pasa de seis a cuatro años de cárcel. El otro gran beneficiado en el trámite de conclusiones es Miquel Àngel Flaquer al que se retira el delito de revelación de secretos y al que ahora se pide un año de cárcel. El sexto acusado, el abogado de Sacresa, Santiago Fiol, se queda igual que al inicio del juicio y se defiende de una petición de año y medio de prisión.
Indemnización
Las conclusiones de las acusaciones estuvieron precedidas de un pacto entre el Consell Insular y Sacresa. La empresa y su dueño, Román Sanahuja pagarán tres millones de euros de forma inmediata a la institución insular. De esta manera se da por solventada la responsabilidad civil que les tocaba a ambos. A la vez, el Consell rebaja la indemnización que solicita para los acusados de 30 millones de euros a 15. Esta rebaja se justifica en que el perjuicio que sufrieron las arcas públicas se calcula no sobre la oferta de 60 millones que se rechazó por el suelo sino sobre una tasación mínima de 45 millones. Es decir, el Consell sostiene ahora que dejaron de ingresar 15 millones por el fraude en el concurso.
El escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía no menciona en ningún momento la cuestión del cohecho. Afirma que Munar, Nadal, Vicens y Flaquer diseñaron un «traje a medida» para que Sacresa se hiciera con el concurso. Según señala se omitieron trámites como hacer una valoración del solar. También hace hincapié en que la empresa fue quien facilitó a la institución el precio de 30 millones de euros y documentación para justificar que éste fuera un precio máximo en el concurso. Al frente de toda la operación sitúa a Munar. La participación de los otros tres consellers oscila entre un papel de cómplices y de cooperadores necesarios en los delitos de fraude a la administración, revelación de secretos y prevaricación.