Baile de cifras sobre el precio real del solar de Can Domenge cuando se planificó su venta a principios de 2006. Las cuatro periciales que constan en la causa sobre el valor de la finca se reparten dos a dos entre los 30 millones por los que el Consell vendió la finca a Sacresa y los 60 millones que ofreció Núñez y Navarro por el solar en la oferta que fue rechazada y que motivó la querella que inició el caso.
El debate lo monopolizaron dos de los análisis del suelo: el realizado por tres arquitectos a instancias del juzgado de instrucción y el que solicitó Sacresa a dos economistas. Los primeros fijan el precio del suelo en 59 millones de euros en ese momento. La otra la establece en 33,2 millones. El motivo de la discrepancia es doble y se basa en el método que utilizaron en primer lugar y, en segundo en el beneficio que cada uno de ellos estimó para el constructor. El debate entre ambos llegó a ser bastante enconado entre acusaciones de manipulación de los datos incluidas.
Los arquitectos fijan un posible beneficio para el promotor de 18 millones de euros con ese precio de 59 millones. Para los economistas esa cantidad es pírrica ya que, calculan que supone poco más de un cinco por ciento de la inversión total a realizar y que esa misma rentabilidad la podrían haber conseguido con bonos del tesoro. En cuanto al método, los economistas calcularon que el inversor tardaría varios años en obtener algún tipo de beneficio de la venta de las viviendas. Para los arquitectos, desde un primer momento ya podrían haber vendido viviendas sobre plano, más aún si se tiene en cuenta que la venta se realizó cerca del mayor apogeo de la burbuja inmobiliaria.
Más orillados quedaron los informes de la Agencia Tributaria, que basado en informes de dos agencias de tasación establece el precio en 57 millones y de un experto contratado por el Consell que lo calculó en 34 millones. Sin embargo existió bastante consenso en criticar el método de los segundos y la primera explicó que esta cifra se refería más a cantidades buscadas para conseguir créditos bancarios.
Lo poco que queda claro es que la tasación que se usó para la venta no era válida para este propósito y que su autor, el arquitecto Mariano Gual de Torrella la hizo simplemente con una finalidad administrativa.