El anteproyecto de ley sobre el uso de símbolos institucionales, más conocido como ‘ley de símbolos' tien un artículo inconstitucional. Eso es lo que constata un demoledor informe, no vinculante, del Consell Consultiu hecho público ayer y que reclama al Ejecutivo que modifique el artículo 4 porque atenta contra un derecho fundamental recogido en la Constitución: el derecho a la libertad de expresión. Aún así, el máximo órgano de consulta jurídica informa favorablemente con los votos de los consejeros Felio Bauzá, José Argüelles, Ramón Pita da Veiga, Lourdes Mazorra y Rafael Perera, que actuó de ponente y que con su voto de calidad como presidete inclinó la balanza.
Más duro es el voto particular que acompaña al dictamen y que ha sido suscrito por cinco consejeros: Pedro Aguiló Crespí, Pedro Aguiló Monjo, María Ballester, Carmen Fernández y Joan Oliver Araujo. El voto particular va más allá que el dictamen e informe negativamente a la totalidad del anteproyecto.
El dictamen concluye que el anteproyecto es «correcto en los aspectos esenciales» aunque se considera que el apartado 3 del artículo 4 «no se ajusta a derecho porque atenta contra la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución Española».
Censura
El Consell Consultiu rechaza el apartado que indica que «La utilización o colocación de cualquier otro símbolo diferente [de los oficiales] sólo se permite si es autorizado previamente por la conselleria competente».
El Consultitu recuerda que el artículo 20.1 de la Constitución Española establece que el derecho a la libertad de expresión «no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa», por lo que «no resulta legítimo ni admisible el régimen aludido de ‘autorización previa de la conselleria competente'».
La alternativa que propone es la siguiente: «Quedan expresamente prohibidos aquellos símbolos que impliquen vulneración de los derechos y valores constitucionales o lesionen derechos fundamentales».
El origen de este proyecto está en la campaña de lazos cuatribarrados que se inició en contra de la política lingüística del Govern. En la mayoría de centros educativos se colocaron lazos en protesta por esta política. Todas las alegaciones a la norma (y que han sido examinadas por el Consultiu) insistían en que se trataba de una forma de censura. Además de ‘tumbar' el artículo más ‘ideológico', el máximo órgano de consulta del Govern también propone «modificaciones sustanciales» en otros seis artículos. Al final, informa favorablemente. El voto particular, lo hace de forma desfavorable.