La epidemia de colapsos judiciales se extiende. A la situación de los juzgados de lo Social, lo Mercantil o las secciones penales de la Audiencia se suman los juzgados de lo Contencioso Administrativo. Alguno de ellos ha llegado ya a señalar trámites para el verano de 2015.
En Balears existen tres juzgados de lo Contencioso con sede en Palma. La última Memoria Judicial reflejaba que, a pesar de que el número de casos nuevos que ingresaron descendió en el último año, no ocurrió lo mismo con los casos pendientes, un total de 3.476, una tasa «excesiva y preocupante», según el documento.
Un factor que explica los retrasos que acumulan es que, en los últimos años, ha habido una gran rotación de jueces en estos tres juzgados. El cambio frecuente de titulares provoca de forma inmediata una resolución más lenta de los expedientes. Tampoco ha ayudado la falta de unas instalaciones definitivas para estas instalaciones. La apertura de dos nuevos juzgados de Primera Instancia y otro Registro Civil en el edificio de sa Gerreria hizo que los juzgados de lo Contencioso abandonaran esa sede. De ahí se trasladaron a unas oficinas alquiladas al Govern frente a Cort y aún tuvieron un segundo cambio de ubicación hasta su sede actual, un edificio de oficinas alquilado detrás de los juzgados de Via Alemania que comparten con la clínica forense.
Reclamación
Con este escenario se producen situaciones como el señalamiento en el mes de abril de este año de una prueba pericial para el 27 de julio de 2015. La situación no es excepcional, pero el caso ilustra lo que ocurre. Se trata de una demanda contra la decisión del IB-Salut de denegar una indemnización por silencio administrativo. El bebé de una pareja falleció con nueve horas de vida como consecuencia de las complicaciones que se presentaron en el parto en el hospital de Son Llàtzer. Reclama a la administración ya que considera que existió una mala praxis médica como apunta un informe pericial que aportaron al juzgado.
La secretaria judicial del Juzgado de lo Contencioso número 1 señaló para dentro de más de dos años el acto en el que los peritos ratificarán sus informes ante el juez. Dado que en Contencioso Administrativo no se producen habitualmente vistas públicas en los juicios, el trámite es básico para la causa. Después de éste, las partes, tanto el representante de la familia como los letrados de la administración tendrán que presentar sus conclusiones definitivas por escrito y el asunto quedará visto para sentencia. Según el calendario al que lleva la situación de los juzgados, la sentencia llegará cuando habrán transcurrido más de cinco años de los hechos. Y será una sentencia de primera instancia que podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia.