El Govern balear no pondrá trabas a la reforma de las administraciones públicas que ayer se anunció tras el Consejo de Ministros y que lleva aparejada una serie de propuestas que implicarían directamente a las comunidades autónomas. Según la consellera balear d'Administracions Públiques y portavoz del Ejecutivo, Núria Riera, la reforma anunciada por el Gobierno central es «valiente y decidida» y va en línea con «el trabajo que ya hemos iniciado en Balears».
La consellera dijo que «valorará» qué propuestas se pueden «adaptar» a la realidad de Balears, si bien no quiso entrar en el detalle. No despejó nada lo que puede suceder con Aena, la Agencia de Meteorología, la Sindicatura de Cuentas o la reducción del Parlament. Según Riera, que viajó este fin de semana a Madrid con el vicepresidente Gómez para escuchar las primeras explicaciones de Rajoy, a las comunidades no se les impone nada, sino que se dan orientaciones.
Desmantelar el sistema
Lo que no hará el Govern, y eso sí quedó claro, es plantear «contrapropuestas» para que se supriman organismos de la Administración Central, como las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno.
La oposición no se fía en absoluto y tanto el PSIB como Més mostraron su alarma por el trasfondo de la reforma.
«Vigilaremos la letra pequeña porque nos preocupa mucho que con la excusa de la crisis, el Gobierno quiera recortar garantías democráticas y participativas», aseguró ayer Pilar Costa (PSIB), que aseguró que lo que debería plantearse el Ejecutivo central es la «supresión de las delegaciones del Gobierno».
Costa, además, precisó que «el Gobierno central no puede decidir sobre el número de parlamentarios autonómicos ni de otras instituciones recogidas en los Estatutos de las comunidades. Para Nel Marí (Més) la reforma es «ideológica y recentralizadora». Según precisó, es lo más parecido a un intento de «desmantelar» un sistema basado en la proximidad de las Administraciones. Lo tildó de «ataque inaceptable a las comunidades» y reclamó que se supriman delegaciones del Gobierno.