A un día de la reanudación del juicio del ‘caso Can Domenge', el exvicepresidente del Consell, Miquel Nadal ultima una declaración con la que se unirá a los ‘arrepentidos' de la causa: Bartomeu Vicens y Román Sanahuja. Su excompañero de gobierno en el Consell y el propietario de Sacresa habían atribuido a Nadal un papel clave en las negociaciones por las que, aseguran que existió un soborno de cuatro millones de euros en la adjudicación de la finca. Ante esta situación, Nadal presentará en la Audiencia su versión de los hechos en una jugada que, sin embargo, según varias fuentes no implica un acuerdo con la Fiscalía. El movimiento de Nadal será similar a lo que ya hizo en el ‘caso Maquillaje'.
En aquélla ocasión pidió comparecer ante el juez el mismo día en que lo hicieron los primeros arrepentidos de esa causa: los propietarios de Vídeo U. Nadal y su defensa, el letrado Josep Zaforteza, no cerraron un acuerdo con el fiscal, si bien la confesión permitió que obtuviera atenuantes en el juicio y su pena quedó en dos años y siete meses, frente a los más de cinco años de Maria Antònia Munar. En el ‘caso Can Domenge', la estrategia irá en esta dirección. Nadal aún está pendiente de que el Supremo confirme o no su condena por ‘Maquillaje', que también tiene recurrida después de defender su inocencia en el juicio.
Según lo manifestado por Vicens y Sanahuja, fue Nadal quien se dirigió a Sacresa para pedir los cuatro millones de euros después de que fracasara una primera opción: la del Grupo Fer cuya proyecto para el concurso era peor.
Ambos ‘arrepentidos' coinciden en que la oferta presentada por Sacresa era la mejor y que fue la que obtuvo una mayor puntuación. Según el empresario, Nadal le pidió el dinero a cambio de no cambiar los criterios de adjudicación. De esta operación estaba también al tanto la entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar. Según las dos confesiones hasta ahora presentadas ella, Vicens y Nadal se hicieron cada uno con 600.000 euros del soborno. El resto del dinero fue a las arcas de UM.
Las confesiones formuladas hasta ahora, si bien admiten que hubo un cohecho dejan en el aire que se manipulara el concurso para adjudicar la finca por 30 millones de euros. Éste es precisamente el objeto del juicio que se retoma mañana miércoles. En el proceso también están acusados el abogado de Sacresa y el entonces conseller de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, el único que, hasta ahora ha quedado al margen de las confesiones de sus excompañeros.