Hasta el año 2005, ninguna de las 41 instalaciones náuticas deportivas dependientes del Govern, englobadas actualmente en la sociedad Ports de les Illes Balears (Ports IB), había actualizado el canon anual que tiene pagar a la CAIB, de ahí que la recaudación, pese al volumen de negocio que se genera en estas instalaciones, no alcanza a los seis millones de euros.
Para regularizar esta situación, en 2005 se aprobó la Ley de Ports, en cuya Disposición Transitoria IV del artículo 83 se recoge que dichas instalaciones tenían dos años para actualizar con nuevos títulos o con el título original la concesión.
Con el paso de los años, más del 90 de las concesiones han actualizado sus títulos, incrementándose la recaudación de forma progresiva, pero en estos momentos hay un puerto y tres clubes náuticos que no lo han hecho, generando con ello un conflicto administrativo que el Govern quiere solventar «sí o sí», para evitar agravios comparativos y situaciones que no son entendibles en pleno 2011.
Actualizaciones
Tanto es así, que el puerto que no quiere actualizar su canon es el de Punta Portals, que tiene que abonar 5.810 euros de canon a Ports IB. Los clubes náuticos en cuestión son: Santa Ponça (tiene un canon de 496 euros anuales), Port de Pollença (20.278 euros de canon) y el de Can Picafort (4.128 euros de canon anual).
En el gráfico adjunto se puede ver el año que finaliza la concesión y el canon de todas las instalaciones portuarias y náuticas dependientes de Ports IB.
Desde el Ejecutivo autonómico puntualizan que «lo único que se pretende es aplicar la ley vigente para que se revisen los cánones. Hasta 2005, por desidia o por otras cuestiones, desde la Administración autonómica no se había metido mano para regularizar esta situación. Esto ha cambiado y solo pretendemos subsanar cualquier tipo de distorsión al respecto», puntualiza el director general de Ports i Aeroports, Antonio Deudero.
El criterio que Ports IB está siguiendo para ajustar los cánones, siempre de acuerdo con la Ley de Ports de 2005, es aplicar tres valores: el de actualización en las marinas con afán de lucro, el de reposición en los clubes náuticos sin ánimo de lucro y el del valor del suelo cuando no se quieren aceptar los dos anteriores.
Impugnaciones
La Direcció General de Ports i Aeroports, dependiente de la Conselleria de Turisme i Sports, está negociando con todas las partes implicadas, para llegar a acuerdos con el objetivo de cambiar los cánones al alza.
Como Punta Portals y los clubes de Santa Ponça y Port de Pollença no aceptan las valoraciones de actualización y de reposición, respectivamente, Ports IB se ha visto obligado a hacer la valoración del suelo para fijar el canon a pagar.
Así, al puerto de Punta Portals se le ha fijado un canon, tras la valoración del suelo, de 1,5 millones más IVA al año, junto a 166.000 euros más IVA en concepto de legalización de terrazas. Punta Portals ha impugnado este acuerdo y ha avalado bancariamente el pago, con lo que ello comporta en cuanto pagos de intereses bancarios, según señalan desde el Govern.
El club náutico Port de Pollença, al rechazar la posibilidad de adaptarse a la ley, ha impugnado también el valor del suelo que se la hecho, que le obliga a pagar 280.245 euros (más IVA), frente a los 20.278 euros que paga en estos momentos. Al club náutico de Santa Ponça se le ha fijado un canon anual de 220.000 euros, también vía valoración del suelo, y se está a la espera de al decisión que adopte. El club náutico de Can Picafort, por su complejidad, es un casos que está siendo analizado más profundamente por Ports IB.
Con las valoraciones hechas y con la revisión del canon, Ports IB ha pasado los cobros ya actualizados a Punta Portals, Santa Ponça, Port de Pollença y Can Picafort.
Deudero indica que «con la ley en la mano y sin excepciones, simplemente se pretende recaudar lo que legalmente se puede exigir. Entendemos que se pueden generar situaciones conflictivas, pero únicamente nos hemos limitado a aplicar la Ley de Ports y facilitar a todas las instalaciones náuticas bajo nuestra tutela la posibilidad de adquirir un nuevo título concesional, con una prórroga de 30 años, o quedarse con el actual hasta que expire el plazo de adjudicación».