El sector naútico de Balears está en plena ebullición. La pasada semana firmó un comunicado conjunto –suscrito por la Federación de Empresas Náuticas, la Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas y la Asociación de Clubs Náuticos– expresando su indignación con el presidente de la Autoritat Portuaria, José María Urrutia, al que se le acusa de atacar el sector y, además, desviarse de la estrategia del Govern y el Ministerio de Fomento, motivo por el cual invitaban al president Bauzá «a tomar cartas en el asunto».
La inquietud entre los concesionarios de la red de Puertos del Estado –Palma, Maó, Eivissa, Alcúdia y Formentera– es manifiesta, aunque las razones económicas –probablemente no las únicas– también afloran. En los próximos siete años, la Autoritat Portuària debe resolver la gestión indirecta (concesiones) de 2.733 amarres en los puertos de Palma y Alcúdia. Este organismo gestiona por este sistema 5.446 amarres en todas las Islas y obtiene unos ingresos anuales 25 millones de euros.
Grandes diferencias
Algunos datos son reveladores. El Club Náutico de Palma, cuya concesión vence en 2020, tiene 915 amarres y paga un canon de 482.116 euros. El Club de Mar, con concesión hasta 2019 y 572 amarres, abona 443.954 euros anuales. Por el contrario, una marina –pantalanes e instalaciones, por tanto más modestas– adjudicada en 2012 como el Pantalán Mediterráneo de Palma, con 62 amarres, pagará, este año, a la Autoritat Portuària, un canon de 1,4 millones de euros.
El sistema de adjudicación de las concesiones de la Autoritat Portuària, que sigue la reglamentación estatal que dicta el Ministerio de Fomento por medio de Puertos del Estado, se rije por el de la subasta. Esta circunstancia hace prever un fuerte incremento de los cánones actuales para obtener la renovación de las actuales concesiones. Además, el mercado náutico, que se encuentra en fase de expansión en Balears por el fuerte aumento de la demanda, es, también un reclamo muy importante para la entrada de empresas tanto nacionales como extranjeras interesadas en explotar este tipo de instalaciones.
La tensión en el sector es palpable y no faltan voces de quienes solicitan al Govern que reclame la competencia al Estado, una fórmula con la que se pretende garantizar el disponer de fórmulas más proteccionistas para evitar la enorme subida de lo cánones y frenar la entrada de empresas exteriores.