El Ajuntament de Palma intermediará con las entidades financieras para evitar que en Ciutat se produzan desahucios. En concreto, se creará una oficina municipal de intermediación hipotecaria y de alquileres, en colaboración con el Colegio de Abogados, que permita a Cort mediar entre deudor y creditor. Este es el acuerdo más significativo que se aprobó en el pleno de ayer, a propuesta de la oposición que presentó un paquete de medidas al que el viernes pasado el PP había dicho que no. Sin embargo, la regidora de Benestar Social, Aina Ferriol, sorprendió anunciando el cambio del sentido de voto y destacó que aceptarían que Ciutat fuese declarada libre de deshucios, entre otras medidas.
18 desahucios
La primera mediación que tendrá que realizar Cort con los bancos será inminente, ya que el próximo 5 de junio serán desahuciadas 18 familias de tres bloques de la calle Tomás Rullán. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ángela Pons, explicó que son inquilinos que serán desahuciados porque el promotor (Algecireña de Contenedors) está en paradero desconocido y no ha pagado la deuda que tiene con Caixa Rural. Pons lamentó que estas familias, que tienen trabajo y capacidad para pagar el alquiler, se han quedado desamparadas; algunas de ellas ni han podido constituir el contrato de arrendamiento. Respecto a las que sí lo han hecho, la portavoz de la PAH aseguró que la el juzgado de primera instancia número de 5 de Palma no puede ordenar el alzamiento, sino que los inquilinos deben pagar el alquiler a la entidad financiera en lugar de al promotor.
Palma libre de desahucios
Pons hizo mucha presión para que el PP cambiase su sentido del voto a lo largo del pleno. «18 familias desahuciadas y decís que no queréis que Palma sea una ciudad sin desahucios y decís que hay un superávit de 27 millones de euros. Me entristece porque llevo mucho tiempo pidiendo comida y alquileres sociales y me decís que no hay dinero», espetó. La portavoz de la PAH hizo especial hincapié en que hay herramientas para evitar los desahucios y en la necesidad de comunicar todas las medidas que se adoptan porque «no todo el mundo tiene estudios».
Negociación con los bancos
El alcalde Mateo Isern reiteró su ofrecimiento de reunirse con las entidades financieras, pero pidió a la PAH que antes le proponga medidas concretas. El alcalde aseguró que seguirá haciendo todo lo posible para resolver este problema e instó a los diferentes grupos políticos a consensuar una propuesta porque «el objetivo lo compartimos: desahucios cero». En el caso concreto de las entidades financieras se acordó que Cort interlocutará con ellas para que pongan a disposición del fondo social las 60 viviendas que prometieron, así como a instarlas a ampliar el parque de viviendas para dar respuesta a las familias que lo necesitan. Además, les trasladarán las necesidades de las personas afectadas por la desahucios (renegociación de la hipoteca, dación en pago, alquiler ...).
Policías y bomberos no actuarán.
Salvo orden judicial, la Policía y los Bomberos de Palma no actuarán en los desahucios.
Ayuda psicosocial.
En el acuerdo también se insta al equipo de gobierno a seguir dando apoyo psicosocial a las familias que se encuentran inmersas en esta problemática, siempre que lo consideren convenientes los profesionales de Benestar Social. También se intará al Estado a estudiar una modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles y de otra normativa fiscal para rebajar la carga fiscal de las personas que han perdido su vivienda.
La oposición pide hechos.
La oposición valoró positivamente el acuerdo pero exigió que se materialice en hechos. Renunciaron a retirar las cuentas de Cort de los bancos que hagan desahucios.