El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Aurelio Martínez, y un trabajador de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) han interpuesto una querella contra la misma así como contra su presidente y concejal de Medio Ambiente, Andreu Garau, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de 'mobbing', en los que habrían incurrido a raíz del supuesto trato discriminatorio y las presiones ejercidas sobre varios de sus empleados para acallar sus reivindicaciones sindicales.
La querella apunta en concreto cómo la pertenencia al sindicato Sitemaya conllevaba determinadas ventajas en el marco de la empresa, como la obtención de mejores servicios o posición, lo que llevó a parte de los empleados de Emaya a denunciar la situación de «grave discriminación», sufriendo a cambio «una presión laboral tendenciosa como respuesta a sus reivindicaciones».
Tal y como denuncia el escrito, firmado por el letrado Pablo Alonso de Caso, el grave conflicto sindical provocó un deterioro en el ambiente laboral que incidió en el factor de los riesgos psicosociales e implicó un «daño para la salud de los trabajadores», derivada además de «la pasividad y la connivencia de Emaya con el sindicato Sitemaya».
Según relata, Sitemaya, una de las seis entidades sindicales con representación entre los trabajadores de Emaya, fue creada en 1999 y desde el momento de su fundación «fue objeto de un trato preferencial por parte de la dirección de la empresa». Uno de sus fundadores, Vicente Vilches, también se encuentra entre los querellados, junto al director general de Recursos Humanos, Carlos Nadal, el director de Operaciones, Alonso Gallardo, y la propia Sitemaya.
Según la querella, fue a partir de 2007 cuando, con el cambio de gobierno municipal y tras recaer la Regiduría de Medio Ambiente en manos de Unió Mallorquina (UM), ésta promocionó a Vilches en un principio como jefe de servicio del área de Recogida y más adelante como jefe de Departamento «momento a partir del cual comienza un claro conflicto en el seno del comité de empresa entre los miembros de Sitemaya con el resto de miembros de los demás sindicatos, y en especial en el departamento de Recogida».
La «proliferación de actos discriminatorios» contra los trabajadores que no estaban afiliados a Sitemaya y el descontento producido en la plantilla, tal y como relata el abogado Alonso de Caso, llevó a los trabajadores a protestar contra la situación, con su punto álgido en enero de 2012, cuando dos delegados de prevención, «desesperados ante la actitud y postura de complicidad de la empresa ante el escenario de discriminación, adoptan medidas públicas de protesta», encadenándose uno de ellos a una columna de la sede de Emaya durante más de once días y permaneciendo el otro en huelga de hambre durante siete.
AUDITORÍA EXTERNA PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN
«A pesar de la persistencia en la empresa de no actuar frente al riesgo psicosocial que imperaba en la empresa desde hacía más de cinco años», añade la querella, no fue hasta 2012 cuando, de forma «forzada, se obliga a la empresa querellada» a que solicite a una empresa externa para que realice un estudio al respecto.
Un informe que concluía «tajantemente» la existencia de «la discriminación, conflicto y acoso», a pesar de lo cual, incide la denuncia, la empresa «no accionó los mecanismos de prevención de riesgos laborales, incumpliendo gravemente la normativa laboral y no poniendo los medios necesarios para resolver el problema».
Entre la extensa normativa a la que alude el letrado, recuerda en rimer lugar cómo la Constitución, en su artículo 28.1, declara que todos tienen derecho a sindicarse libremente», mientras que el artículo 1 de la ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, establecen que «todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales».