La expresidenta de UM y del Parlament, Maria Antònia Munar, presentó ayer a través de su abogado, Gabriel Garcías, un recurso de reforma y subsidiario de apelación en la Audiencia de Palma en el que solicita la devolución de parte de la documentación incautada en el registro judicial realizado en su domicilio particular debido a que «se vulneró su derecho a la defensa», según alega.
En el recurso, Munar afirma que uno de los fiscales anticorrupción, integrante de la comisión judicial, tuvo acceso a una carpeta con los argumentos de defensa que junto a su letrado ha preparado con vistas al juicio del ‘caso Can Domenge'.
También, afirma que gran parte de la documentación incautada en el registro realizado el pasado lunes 22 de mayo es irrelevante para la causa, y pide que se le devuelva.
El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Juan Pedro Yllanes, ordenó el registro del domicilio de Munar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el exconseller insular Bartomeu Vicens confesara que él mismo, Munar y Miquel Nadal se repartieran 600.000 euros cada uno en concepto de soborno por la venta del solar de Can Domenge. Otros 2 millones de euros habrían ido a parar a las arcas de UM, y otros 200.000 euros los cobró el empresario Pedro Ferrá Tur, según Vicens, que devolvió 160.000 euros el mismo día del registro al domicilio de la expresidenta del Parlament.
Juicio
Asimismo, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma decidirán el mismo día del inicio del juicio del ‘caso Can Domenge', fijado para el 5 de junio, si lo suspende, tal y cómo solicitó ayer Munar. Según la defensa de Munar, se ha producido una «alteración sustancial» del juicio de Can Domenge tras la confesión de Vicens, al surgir «revelaciones o retractaciones inesperadas». Añade que tratándose de una causa «tan compleja» el contenido del escrito de Vicens «cambia radicalmente la estrategia para una correcta y seria defensa, y de no suspenderse causaría indefensión».