El Juzgado de lo Social número 1 de Ciutadella ha estimado una demanda interpuesta por la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) y ha declarado nulos dos despidos más, esta vez en Menorca, del Instituto de Biología Animal de Balears (Ibabsa), por lo que obliga al Govern a readmitir en su puesto a un trabajador y una trabajadora.
Así, la sentencia emitida el 14 de mayo condena al Ibabsa a abonar 27.102 euros a la afiliada a UGT, que llevaba más de 30 años trabajando como administrativa para la empresa pública, por los salarios dejados de percibir y 30.077 euros a un técnico agrónomo que cuando fue despedido contaba con 12 años de servicio en el Ibabsa, según informa la organización sindical en un comunicado.
Estas cantidades se incrementarán 87.71 euros diarios en el primer caso y 97.34 en el segundo, desde la fecha de la sentencia hasta la de su readmisión.
El juez argumenta que declara nulos los despidos de los trabajadores indefinidos no fijos porque se «debió acudir al procedimiento de despido colectivo» regulado también para el sector público, tras la aprobación de la reforma laboral, en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, debido a que el Ibabsa echó a más de diez personas de una plantilla de 54.
«Con más razón debe declararse la nulidad cuando la demandada se empecinó en prescindir del procedimiento de despido colectivo», ha señala el fallo judicial.
Con todo, UGT considera que la sentencia da la razón a las tesis defendidas por el comité de empresa del Ibabsa ya que advirtió al Consejo de Administración de la empresa pública que el proceso de reestructuración no se podía realizar mediante la amortización de plazas, sino a través de un Expediente de Regulación de Empleo negociado con la representación legal de los trabajadores.
Asimismo, la organización sindical insta al Ejecutivo autonómico a hacer efectiva cuanto antes la readmisión de los trabajadores cuyos despidos han sido declarados nulos. «El juez, al declarar nulos los despidos está declarando también nula la extinción de la plaza, por lo que no existe ninguna razón para que estas personas no regresen a sus puestos», ha subrayado al respecto.
En opinión de UGT, la decisión del Govern de pagar salarios sin que los empleados readmitidos vayan a trabajar es «inmoral y de dudosa legalidad» porque se podría hablar de «malversación de fondos públicos».
Con todo, el sindicato defiende que las diferentes sentencias de los Juzgados de lo Social de Mallorca, Menorca e Eivissa que anulan diversos despidos en las empresas públicas, así como la resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre un despido en la Agencia de Turismo de Baleares avalan su posición de que el proceso de restructuración del sector público realizado por el Govern es «ilegal».
Confianza
En este sentido, UGT reitera su confianza en que su demanda contencioso-administrativa ante el TSJB prospere y que resuelva que el procedimiento utilizado por el Ejecutivo autonómico para despedir a más de 600 trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas no se ha ajustado a derecho y, por tanto, declare nulos la totalidad de los despidos.
«Volvemos a pedir al Govern que reflexione y rectifique todo el proceso de reestructuración del sector público para garantizar tanto los derechos de los trabajadores como para evitar un grave quebranto a las arcas públicas de Baleares», ha concluido la organización sindical.