«Con algunas familias es imposible hacer nada porque están instaladas en el odio y otras sólo quieren humillar al Ejército y conseguir dinero». Esta frase la atribuye el exministro de Defensa José Bono al general Luis Alejandre al hablar de los parientes de los fallecidos en el accidente del avión Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, hoy hace justo 10 años. Así lo recoge Bono en su diario un extracto del cual publico ayer el periódico El País al recordar el décimo aniversario de esta tragedia aérea.
Según el testimonio de Bono, la frase del actual conseller insular fue una respuesta a los comentarios que el exministro hizo a los jefes del estado mayor del Ejército (Jeme), entre ellos Alejandre, tras hablar con las familias de los fallecidos. Bono sitúa esta conversación en el Palacio de la Zarzuela el 27 de mayo de 2004.
El antiguo titular de Defensa también apunta que un día antes el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Barroso, le llamó por teléfono y le dijo: «El Jeme es muy odiado por los familiares y a lo mejor tienes que ceder esa pieza». Ese mismo día Bono anunció al entonces Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero su intención de prescindir de Alejandre.
El motivo del enfado de las familias, según Bono, estriba en que apenas ocho días después del accidentes el general escribió una carta al director de El Mundo en la que posaba sonriendo en un avión de transporte Hércules al mismo tiempo que afirmaba que «Los militares no organizamos viajes de novios a Cancún». Esta comparación generó un enfado mayúsculo entre los familiares de las víctimas del accidente del avión ruso Yak-42.
En otro extracto de su diario publicado ayer, Bono recuerda como una mujer joven que se desplazó hasta el lugar del accidente en la ciudad turca de Trabzon un año después con motivo de una ceremonia de homenaje le espetó: «No estoy dispuesta a perdonar ni al ministro Trillo ni al general Alejandre».
El accidente aéreo ocurrió el 26 de mayo de 2003 cuando un avión alquilado por el Ejército con 62 militares españoles a bordo que regresaban de una misión en Afganistán se estrelló en Turquía.
Tras el accidente se descubrió que el aparato siniestrado no reunía las condiciones mínimas para volar. Se echó en cara al Ejército que utilizara transportes inseguros para el traslado de tropas. Tampoco se supo el destino de parte del dinero del alquiler del avión ya que Defensa pagó 149.000 euros pero la compañía aérea apenas recibió 38.442.
El caso se agravó cuando se descubrió que los cuerpos de los fallecidos no se habían identificado correctamente por lo que las familias no recibieron los restos que les pertocaban para su posterior entierro o incineración.
Las diferentes causas judiciales que se abrieron por este tema culparon del accidente a los pilotos del avión. De los militares españoles sólo se condenó al general Vicente Navarro y a los comandantes forenses José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Saéz por falsa identificación de cadáveres. El primero falleció antes de entrar en la cárcel y los otros dos fueron indultados.
Alejandre tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional por este caso como testigo en febrero de 2008 y en marzo de 2009.