El conseller de Salut, Martí Sansaloni, anunció ayer el cese del gerente del Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro (hermano de Carmen Navarro, actual tesorera y gerente del PP nacional), ya que en la investigación derivada de la muerte del joven senegalés Alpha Pam, se han detectado irregularidades en la aplicación de los reales decretos 16/2012 y 1192/2012 y de los criterios enviados por el IB-Salut el 30 de agosto de 2012, en concreto la emisión de compromisos de pago.
Sansaloni informó de que también ha instado al director general del IB-Salut, Miquel Tomàs, que ayer le acompañaba en la rueda de prensa, a la apertura de tres expedientes disciplinarios: a la coordinadora de Admisión, al enfermero que realizó el triaje del paciente y a la doctora que lo atendió en las Urgencias del hospital.
Según explicó el conseller, Alpha Pam firmó una hoja de compromiso de pago, «pero no se le cobró». También indicó que el tema del compromiso de pago «se ciñe exclusivamente al Hospital de Inca, donde se realizaba de forma habitual», de ahí el cese del gerente y la apertura del expediente a la coordinadora de Admisión quien «debía tener conocimiento de la normativa».
El informe, que ayer presentó Sansaloni, indica que la doctora que atendió a Pam «pudo cometer un error de diagnóstico» al no haber aplicado las normas de actuación en un caso de posible contacto por tuberculosis.
El conseller indicó que, según el informe, Pam sólo acudió una vez a las Urgencias de Inca y no dos como había denunciado un amigo del fallecido el pasado día 2 de mayo.
Tarjetas
Horas más tarde, en la Comissió de Salut del Parlament, el conseller reconocía que se han retirado 19.856 tarjetas sanitarias, desde la entrada en vigor del real decreto.
El portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Vicenç Thomàs, aseguró que esto supone dejar «a un 2% de la población sin tarjeta sanitaria», hecho que calificó como «dramático» para los ‘sin papeles'.
Por su parte el gerente destituido afirmó ayer que «me voy con la consciencia tranquila, y los trabajadores también podéis tener la consciencia tranquila», dijo Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, el gerente cesado, en un encuentro de despedida que mantuvo con los empleados del hospital sobre las tres de la tarde, minutos antes de la protesta convocada por los trabajadores. El encuentro con los empleados fue breve. Navarro reconoció que ha ocupado el cargo de gerente poco tiempo pero aseguró que «ha sido un orgullo para mi». Cabe destacar que se prohibió expresamente a los empleados entrar al salón de actos, donde tuvo lugar el encuentro de despedida, con el teléfono móvil, revelaron algunos de ellos. Los periodistas tampoco pudieron acceder.
Otras fuentes del hospital explicaron, sin embargo, que el protocolo de actuación que se aplicó a Alpha Pam se estableció siendo gerente Rafael Santiso, el actual director general de Salut Pública i Consum.
Por su parte Félix Sánchez, ex gerente del hospital, aseguró que en su época se atendía «a todos». La norma se publicó cuando él ejercía de gerente y reconoció que se produjo una cierta confusión sobre su aplicación.
Después de de la despedida del gerente del Hospital de Inca, Fernando Navarro, en el auditorio del centro sanitario alrededor de 200 empleados salieron a la puerta principal para mostrar su rechazo por el cese del gerente y la apertura de tres expedientes a sus compañeros.
´No al cese'; ‘No a los expedientes'; ‘Que cese el president' y ‘Sansaloni dimisión' fueron los gritos que se oyeron en los 15 minutos que duró la protesta. En las pancartas se exigían responsabilidades políticas y una portavoz de los trabajadores, Mila Alfageme, señaló que «nos tendrían que abrir expediente a todos ya que cualquier empleado abría actuado igual», y añadió que «nuestra única preocupación es la salude de la persona, no nos preocupamos si tiene papeles o no». También quiso señalar que «es totalmente falso que no se atienda a los ‘sin papeles'. En este caso se le atendió y se le dijo que si empeoraba volviera. Por tanto creo que no hay responsabilidad sanitaria la única responsabilidad es política».
Otros empleados también añadieron que «los tres expedientes son totalmente injusta ya que todo el mundo habría hecho los mismo, y que quede muy claro que se atendió a esta persona. Que vino una sola vez y no enseñó ningún papel de Can Picafort como se ha dicho», señalaba Ruth Prieto.
Los empleados realizarán hoy una reunión para decidir si se crea una plataforma de apoyo a los afectados.