La Fiscalía Anticorrupción seguirá el rastro del dinero del presunto soborno de Can Domenge en paraísos fiscales, al no hallar ni rastro de los cuatro millones de euros en los domicilios de Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, dos de los dirigentes políticos señalados por Bartomeu Vicens como receptores de 600.000 euros cada uno.
Vicens confesó que él también recibió esa suma, mientras que dos millones fueron a parar a las arcas de Unió Mallorquina y 200.000 euros a los bolsillos del empresario Pedro Ferrá Tur, adjudicatario de los terrenos junto a la empresa catalana Sacresa.
Las comisiones judiciales desplazadas el lunes y ayer a los domicilios de Munar y Nadal no hallaron dinero en las cajas fuertes de la expresidenta de UM y del exconseller de Turisme. En cambio, los agentes se incautaron de diversa y abundante documentación.
Bienes
Los bienes de los acusados en el ‘caso Can Domenge', en el que se investiga la enajenación del solar palmesano, ya han sido objeto de una investigación patrimonial que no ha revelado la existencia de un enriquecimiento súbito de ninguno de ellos. Además, sus propiedades están embargadas.
Por ello, Anticorrupción solicitará al juez designado para investigar el presunto cohecho de Can Domenge, que libre comisiones rogatorias a paraísos fiscales, donde se sospecha que los acusados han trasladado gran parte de los cuatro millones de euros, todo ello, siempre según la versión de Vicens. La confesión del exconseller insular de Patrimoni se está investigando bajo secreto, y una de las primeras diligencias será la de citar como imputados de un delito de cohecho a Munar, Nadal, Vicens, Ferrá Tur y los propietarios de Sacresa. Por otra parte, el próximo 5 de junio está previsto que se celebre el juicio del ‘caso Can Domenge' tras más de cinco años de que estallase la operación policial. La instrucción de esta causa fue desarrollada por la titular del Juzgado de Instrucción 12, Carmen González.