El exconseller insular del Territori Bartomeu Vicens, en prisión desde julio de 2006 por dos condenas de tres años cada una por prevaricación, ha decidido ampliar a los casos ‘Son Oms' y ‘TV de Mallorca', su confesión, ya pactada con la Fiscalía Anticorrupción, en la venta del solar de Can Domenge.
Según han confirmado a este diario fuentes vinculadas a esos casos de presunta corrupción, Vicens no solo tirará de la manta en lo asuntos ya mencionados, sino que además, está dispuesto a devolver 200.000 de los 600.000 euros que dice haber recibido en concepto de soborno por la venta de Can Domenge.
Su objetivo es evitar que su esposa, Antònia Martorell, corra su misma suerte e ingrese en prisión por el ‘caso Metalumba', donde se enfrenta a 13 años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho activo, contra la Hacienda Pública y falsedad.
También, a cambio de su confesión, intenta reducir su estancia en la prisión de Palma, que abandonaría el próximo año al beneficiarse de permisos de salida.
Presunto soborno
Vicens, ahora defendido por un abogado madrileño tras romper con el bufete Valdivia-Campaner, entregará a los fiscales un escrito de confesión en el que admite que él, Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Uniò Mallorquina se repartieron 3,8 millones de euros por la enajenación del solar de Can Domenge.
Afirma que recibió de los dueños de Sacresa, adjudicataria de los terrenos, 600.000 euros, la misma cantidad que Munar y Nadal. El resto habría ido a parar a las arcas de la extinta formación nacionalista. Asimismo, denuncia que varios integrantes de la excúpula de UM cobraron cantidades millonarias al separar en cinco lotes el polígono de Son Oms, una causa que inició su recorrido en el juzgado en mayo de 2008, y del cual se han creado varias piezas separadas, entre ellas, ‘Maquillaje' y ‘Metalumba'.
En este caso se investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono de Son Oms se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones.
Hasta ahora, los investigadores no han podido demostrar que existió una injerencia de dirigentes políticos en la compraventa de parcelas de Son Oms.
Vicens, también, alude en su escrito de confesión a la existencia de un posible delito de cohecho en el proceso de adquisición de la finca de Son Puig, que iba a ser destinada para la ubicación de la sede de Radio Televisión de Mallorca (RTVM).
La radio y la televisión pública y Tema Consesionaria, que pertenece a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), pactaron la venta de esa finca el 24 de agosto de 2006.
El pasado mes de enero, la Audiencia de Palma desestimó el recurso de apelación presentado por RTVM contra la sentencia de 14 de noviembre de 2011, que le obliga a pagar 7,7 millones de euros por la finca de Son Puig, así como los intereses de demora.
El juicio del ‘caso Can Domenge' se desarrollará a principios del próximo mes de julio en la Audiencia de Palma.