La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha estimado en parte los recursos de apelación interpuestos por Iñaki Urdangarin y Diego Torres en contra de la decisión del juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, de fijar para ambos una fianza de responsabilidad civil solidaria de 8,2 millones de euros, y la rebaja a 6 millones al descontar el IVA ingresado por el Instituto Nóos del importe de los contratos con las instituciones públicas.
El tribunal presidido por el magistrado Diego Gómez-Reino da la razón a Manuel González Peeters, abogado de Torres, quien alegó en su recurso que procedía la exclusión del importe de la fianza del IVA efectivamente retenido e ingresado.
Pero, por lo demás, los magistrados respaldan plenamente los argumentos expuestos por el juez Castro en su auto al justificar la imposición de la millonaria fianza.
Según la Audiencia, Urdangarin y Torres «ocultaron a las administraciones contratantes (Balears y Valencia) el carácter mercantil del Instituto Nóos», captaron clientes «dando a entender que contaba con el respaldo de la Casa Real» y desviaron dinero a sociedades instrumentales, «algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales».
Por otra parte, la Abogacía del Estado presentó ayer ante el juez un escrito en el que argumenta de que no aprecia delito fiscal por parte de la infanta Cristina en la información que obra hasta el momento en esta causa que investiga el desvío de fondos al Instituto Nóos.