El fiscal Horrach ajusta cuentas con las críticas que recibió del PP. En el informe de conclusiones del juicio del ‘caso Scala', el ministerio público recordó las presiones y ataques que sufrieron los investigadores por parte de los correligionarios del principal acusado, Josep Juan Cardona: «A la vez que atacaban a la señora Ordinas también atacaban a la Fiscalía Anticorrupción. La consigna era: quieren acabar con el PP. Se le llama teoría de la conspiración y se repite hasta la saciedad hasta que cala en parte de la opinión pública». Horrach recordó en su intervención un episodio concreto. El diputado y portavoz del PP en Balears, Miquel Ramis, acudió a ver a Kurt Viaene a un registro en Alcúdia: «entró como una exhalación en la zona ajardinada y se fundió en un abrazo con Viaene. Ramis intentó hacer valer su condición de exdelegado del Gobierno para mantenerse allí», señaló. En ese momento el acusado estaba ya en prisión provisional. También reflexionó «para llevar a buen puerto una investigación contra la corrupción se necesita paso corto, vista larga y mucha mala uva».
El informe del ministerio público sobre el exconseller Cardona se basó en las declaraciones de los coimputados: «La actitud de Ordinas, cómo aceptó su muerte social y su entereza fue y es digna de admirar». Tras enumerar 31 indicios de su culpabilidad, Horrach concluyó: «Sólo hay tres posibilidades, o Cardona era un absoluto incompetente, o era el líder de la trama o queda una tercera posibilidad, la ignorancia deliberada, meterse debajo de una mesa y eso también es delito». Su compañero Juan Carrau se encargó de apuntalar el delito de asociación ilícita para el que esgrimió la condena del ‘caso Filesa'.
Medidas cautelares
Tras los informes, el ministerio público solicitó medidas cautelares contra Cardona, para el que se piden 21 años de cárcel. La Sala decidirá si le retira el pasaporte y le obliga a personarse cada día en el juzgado.
El letrado de Cardona, Miquel Arbona solicita la absolución y arremetió contra la credibilidad del resto de coimputados. Recordó que todos ellos han obtenido ventajas legales por implicar a su cliente. «Están contaminados por la enorme rebaja de penas, por su animadversión a Cardona y sus declaraciones están plagadas de contradicciones». En concreto aludió a una carta que Ordinas envió a la entonces presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, en la que decía: «Le recuerdo que ambos sabemos jugar a este juego». También pidió a la Sala que valore las «presiones» que sostiene que sufrieron los ahora ‘arrepentidos'. Así, en el caso de Felip Ferré -el exconcejal del PP en Lloseta pariente político de Jaume Matas- recordó que su declaración policial se interrumpió para que hablara con el fiscal y su letrado. Otro eje de la defensa fue alegar indefensión por la conformidad parcial a la que se llegó en el juicio que considera irregular desde el punto de vista procesal.
Por su parte, la abogacía de la Comunidad Autónoma defendió sobre todo que los acusados paguen de forma íntegra los contratos del CDEIB. Esto incluye al Partido Popular que ha pasado a ser responsable civil directo del pago del transporte de los folletos del PP de Eivissa que hizo la trama. Por este concepto, las acusaciones reclaman más de 10.000 euros al partido. El juicio quedó ayer visto para sentencia.