La Audiencia Provincial de Palma ha fijado a partir del 18 de noviembre el juicio del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, ambos de Unió Mallorquina (UM), y de otros cinco acusados en el «caso Metalumba» por un supuesto «pelotazo» urbanístico en relación a un polígono de Palma.
La Sección Segunda de la Audiencia ha señalado para los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre y 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre las fechas del juicio de este caso, una pieza separada del denominado «Son Oms», investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, informa el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Se enjuiciarán supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública por la recalificación del polígono de Son Oms por parte del Consell en 2004, de manera que se posibilitó, según el fiscal, un «desmesurado incremento» de su edificabilidad.
Las acusaciones sospechan que Vicens, que se enfrenta a 19 años y 3 meses de prisión, utilizó la sociedad Metalumba, que estaba inactiva, para cobrar presuntamente comisiones del despacho de abogados Montis, uno de cuyos miembros figura como acusado y que poseía unos terrenos revalorizados gracias al acuerdo del Consell de Mallorca.
Supuestamente esta sociedad, de la que Vicens es socio, le sirvió para blanquear el dinero procedente de los sobornos por la recalificación del polígono palmesano.
El juez estableció en el auto de apertura de juicio una fianza civil, que sirve para cubrir posibles multas o devoluciones del dinero en caso de condena, de 8,6 millones de euros para Vicens.
Para Nadal, que impulsó y votó a favor de la propuesta en el Consell y que se enfrenta a 1 año de cárcel, le fijó una fianza de 2,1 millones.
La fianza más alta recayó sobre Jaime Montis, miembro del despacho de abogados involucrado en el caso, que tendrá que pagar 10,2 millones y para quien el fiscal pide 5 años de prisión.
En el polígono Son Oms tenía solares la empresa GDSO, propiedad de Montis, cuyo valor se incrementó «en enorme medida y, sin duda, por valor superior a 5.000.000 euros», según el fiscal.
Otros acusados
Otros de los principales acusados son Elisábet Diéguez, para quien el juez fijó una fianza de 3,3 millones y que se enfrenta a 11 años y 4 meses como presunta testaferro de Vicens; y Antonia Martorell, mujer de Vicens para quien el fiscal pidió 13 años y 3 meses y a la que impuso el pago de 6,2 millones de caución civil.
Las últimas dos personas que se sentarán en el banquillo de la Audiencia son el contable Tomás Martín y el empresario John Leaners, que se enfrentan cada uno a 11 meses de prisión y a los que se les impuso el pago de 1.800 euros de fianza por cabeza.
El fiscal del caso, Juan Carrau, explicó en el escrito pidiendo el fin de la instrucción del caso que esta causa tiene como «objeto nuclear» la utilización de la empresa Metalumba «como mecanismo de ocultar ingresos y poder aflorar fondos de origen ilegal», y que entre estos fondos «se detectan pagos que un particular realiza a un funcionario (cohecho)».