El Govern dejará de ingresar 3,5 millones de euros en la campaña de la renta que acaba de comenzar por las desgravaciones a determinados colectivos que tienen seguros privados. Según figura en una respuesta remitida por el conseller de Salut, Martí Sansaloni al diputado socialista Vicenç Thomàs, estas desgravaciones tendrán un coste para el Govern de 3,5 millones de euros.
En su respuesta, el Govern detalla que, en función de los datos facilitados por la Agencia Tributaria, en Balears hay 49.582 contribuyentes que pueden acogerse a estas desgravaciones. La mayor parte, 29.700, corresponde a las familias numerosas con hijos. A ellas siguen los mayores de 65 años, que agrupan a 17.168 contribuyentes, y por último se encuentra el colectivo de discapacitadas, que suman 2.174 personas.
70 euros de media
El Govern calcula que cada uno de ellos tendrá una desgravación que rondará los 70 euros ya que el coste medio anual del seguro es de unos 700 euros. En función de estas estimaciones, sale la cifra final de 3,5 millones, que es la que dejará de ingresar el Ejecutivo en esta campaña de renta.
Es una de las medidas que se aprobó en la aprobación de los Presupuestos de 2012, y el Govern justificó esta propuesta en que si se incentiva el uso de la sanidad privada se reducen costes en la pública.
Sin embargo, los socialistas no tienen el mismo punto de vista que el Govern. El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Vicenç Thomàs, explica que ese dinero que termina en manos de la sanidad privada podría destinarse a la actividad complementaria para reducir las listas de espera. Según los cálculos de los socialistas, la reducción podría ser de dos meses de media. Thomàs también dijo que 3,5 millones de euros es exactamente la cantidad anual que tienen que adelantar los pensionistas de la Comunitat para pagar los medicamentos.
Para el diputado del PSIB, estas ayudas fiscales a los seguros sanitarios privados es una puerta a la paulatina privatización de la sanidad pública y un incentivo para que los ciudadanos abandonen progresivamente los servicios públicos, que son los que debe asumir la Administración