El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, se definió ante el juez instructor del caso Nóos como un «espectador» en relación al convenio rubricado en diciembre de 2005 con el Instituto Nóos para la celebración de unos Juegos Europeos que resultaron inexistentes, aseverando así que, «como espectador, lo que vi es que ñel expresidente de la Generalitat Valencianaí Francisco Camps lo propuso a las Cortes Valencianas».
Así lo puso de manifiesto el dirigente 'popular' en su declaración como testigo ante el magistrado, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press y durante la cual explicó que fue a finales de septiembre de 2005 cuando Camps realizó esta propuesta «dado que Europa es el único continente que no tiene unos Juegos Pancontinentales de carácter olímpico».
Sin embargo, González Pons se desvinculó de las negociaciones previas que se llevaron a cabo de cara a la firma del convenio y aseguró no saber nada de la posible reunión que tuvo lugar en Zarzuela y a la que habrían asistido tanto Camps como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. «Perdone la franqueza, pero cuando uno va a Zarzuela o sabe de una reunión importante allí, se acuerda», incidió el testigo, a lo que aseveró el juez: «No digo que usted fuera, *eh?».
En referencia a su firma en el convenio, recordó que los Servicios Jurídicos de la Generalitat le informaron de que la empresa que entonces presidía, la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana, «iba a ser incluida y a partir de ahí vino la firma», pero «no participé». El diputado apuntó que para él era «muy importante» que para la sociedad a la que representaba «no conllevaba el compromiso de ni un euro público». «Pondría trabajo cuando hubiera trabajo, estaba para colaborar», apostilló.
Al respecto, al ser preguntado sobre si le pareció inusual que se utilizase la figura del convenio y no la de un contrato público que hubiera salido a concurso, el exconseller valenciano explicó que «cuando trabajas en la Administración, tienes la obligación de fiarte de los servicios jurídicos de la Administración Pública. Yo nunca he puesto en cuestión lo que han dicho los abogados del Estado o lo que, en este caso, decían los abogados de la Generalitat», ha manifestado en este sentido.
En cualquier caso, apuntó que «parecía obvio» que aquel «no era un convenio que fuera a producir beneficio o lucro para nadie» por lo que «quedaba exento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Asimismo, González Pons negó que el documento fuese suscrito «de tapadillo» -por haberse firmado el 23 de diciembre- y «casi a oscuras».
Modificación de normas urbanísticas
Al ser preguntado por una reunión en la que estuvo presente junto a Urdangarin, señaló que ésta se produjo cuando era conseller de urbanismo y el contenido del encuentro «fue sobre un tema distinto al del convenio», más en concreto sobre el interés del Duque y de un empresario que le acompañaba acerca de la posibilidad de que fueran modificadas «algunas normas urbanísticas» del Parque Natural de El Saler de Valencia. «Les di un 'no' tan rotundo que la reunión se acabó», espetó.
En virtud del convenio, Nóos se comprometía a colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse, pese a lo cual la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin acabó finalmente percibiendo, a través de la Presidencia de la Generalitat, 382.203 euros.
Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-.