El Grupo de Ornitología Balear (GOB) y Defensa de la Naturaleza ha acusado hoy al Govern de «cargarse» 200 puestos de trabajo al paralizar de manera definitiva las obras del tren Manacor-Artà, y le responsabiliza del pago de millonarias indemnizaciones con el dinero de los ciudadanos de las islas.
El grupo ecologista califica en un comunicado de «negligente e irresponsable» la decisión del ejecutivo por varios motivos, como que ya se había ejecutado el 70 % de las obras, por lo que este proyecto quedará como un «monumento a la inoperancia y a la irresponsabilidad política».
Además, la realización de esta línea estaba prevista en el Plan Director Sectorial de Transportes aprobado en 2006 por un ejecutivo autonómico del PP, y su financiación estaba garantizada a través del convenio ferroviario firmado en 2009 con el Ministerio de Fomento, recuerdan los ecologistas.
Por tanto, considera el GOB, se trata del «incumplimiento de una planificación sectorial y de la ineptitud política (del Govern) para exigir en Madrid lo que corresponde a Baleares, a pesar de la sintonía política actual», ya que ambos ejecutivos son del PP.
Además, las indemnizaciones a las empresas que debían hacer las obras deberán salir de las arcas públicas autonómicas y, por tanto, «seguro» que las acaban pagando los ciudadanos de Mallorca ya que el dinero que se deberá pagar a las empresas constructoras se cifra entre los 6 y 8 millones de euros.
Finalmente, el GOB lamenta que la construcción de los 35 kilómetros de vía que estaban pendientes y la puesta en funcionamiento del tren hasta Artà tendrá como consecuencia que no se podrán crear 200 nuevos puestos de trabajo, unos empleos que el ejecutivo autonómico ha «dilapidado sin contemplaciones».
El GOB recuerda que en 2007 la actual portavoz del PP en el Parlament y exconsellera entonces de Transportes, Mabel Cabrer, defendió la llegada del tren hasta Artà y Cala Ratjada.
«El mismo año que el Govern pretende liquidar el tren de Llevant, el Consell de Mallorca licita y adjudica 38 millones de euros para el segundo cinturón de Palma (...), y para la autopista Llucmajor-Campos, es decir, se destinará la misma cantidad a destrozar el territorio de lo que habría costado la reapertura de la línea de tren de Artà», lamenta el GOB.