La diputada del grupo parlamentario socialista Joana Barceló ha exigido hoy al Govern balear que rectifique los despidos de los trabajadores públicos que ha llevado a cabo y asuma responsabilidades, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya declarado nulo uno de ellos.
Barceló ha hecho esta reclamación tras conocerse una sentencia del tribunal que ha declarado nulo el despido de una trabajadora de la Agencia de Turismo Balear (ATB), entidad a la que obliga a readmitir a la empleada y a abonarle 32.0000 euros en concepto de salarios.
La diputada ha condenado los despidos de trabajadores públicos que está haciendo el Gover en las empresas públicas y ha pedido una rectificación inmediata y la asunción de responsabilidades políticas por lo ocurrido.
Barceló ha anunciado la presentación de una serie de preguntas en el Parlament balear al vicepresidente económico del Govern, tras la sentencia hecha pública hoy.
La diputada ha remarcado que, según esta sentencia, la amortización de plazas que está haciendo el Ejecutivo del PP en el sector público con el despido de trabajadores sin indemnización, es nulo.
La diputada socialista ha recordado que el PSIB ya había expresado sus dudas legales a propósito de estos despidos y de las consecuencias económicas del pago de futuras indemnizaciones.
Barceló ha exigido responsabilidades políticas después de que el PP se negara a atender ninguna petición de análisis e informe jurídico para avalar la decisión política de despedir sin indemnizar a empleados del sector público, cuantificar su impacto económico y garantizar los derechos de los trabajadores en el proceso.
En relación a las responsabilidades, Barceló ha apuntado como máximos responsables a la Oficina de Control Presupuestaria, que era el órgano encargado de la reestructuración del sector público, a la Vicepresidencia Económica como responsable de la legalidad laboral o los consellers de cada una de las empresas públicas afectadas.
Barceló ha criticado que el Govern, con la excusa de reducir el sector público, no cumpla con la legalidad vigente. «En un momento tan duro laboralmente para tantos trabajadores y empresas, al Govern le debemos exigir ejemplaridad y cumplimiento de la ley», ha afirmado.