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Decreto de tratamiento integrado de lenguas

El Consultiu cree ‘inaceptable' que el Govern deje decidir a las familias las lenguas escolares

Cuatro de los nueve ponentes consideran que el proyecto de Educación perjudica al catalán

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Consultar opiniones a las familias y alumnos es un gesto participativo del gobernante, pero delegar en ello la programación de la enseñanaza es ‘inaceptable'. Así lo expresa en un dictamen el Consell Consultiu de Balears respecto al proyecto de decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas en la enseñanza no universitaria, remitido por el Govern, a quien recuerda su exclusiva responsabilidad conforme al Estatut de la Comunitat Autònoma.

En un amplio informe de 22 folios, el Consell Consultiu expresa por mayoría sus consideraciones jurídicas con respecto al último borrador en su poder del decreto que pretende llevar adelante el Govern respecto al tratamiento integrado de las las lenguas en los centros docentes no universitarios».

Propósitos

En el mismo, y junto a ese recordatorio de que la facultad programadora de la enseñanza es «irrenunciable e indelegable» por parte de la Administración educativa -en este caso el Govern-, cinco de los nueve miembros del Consell Consultiu presentes en el dictamen emitido el pasado miércoles 10 de abril concluyen que «no es irrazonable el propósito de compatibilizar el régimen de cooficialidad de las lenguas catalana y castellana y de progresiva normalización de la primera de ellas, con la enseñanza de una lengua extranjera» como el inglés.

En ese sentido, el informe del órgano consultor indica que aunque la enseñanza de la lengua extranjera pueda afectar al grado de progresividad en la normalización del catalán, «la misma ha sido ya parcialmente conseguida, y por otro lado su progresividad tiene carácter esencialmente transitorio y limitado, hasta la consecución del objetivo de la normalización deseada».

Por su parte los cuatro miembros del Consell Consultiu que discrepan de la mayoría han emitido un voto particular en el que señalan que el Govern «no puede alterar el modelo lingüístico de la educación sin habilitar para ello al Parlament» y sin acreditar que hayan variado «las condiciones sociales y jurídicas» que justificaron «el objetivo estatutario de la normalización progresiva del catalán».

Así, los discordantes afirman que el proyecto remitido por el Govern «pretende hacer retroceder las medidas de acción positiva en favor de la lengua propia balear».

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