El Consell de Mallorca investigará los contratos formalizados con las grandes empresas concesionarias de la institución, de manera especial las de Tirme y la que afecta a la construcción de la carretera de Manacor, para determinar si existen irregularidades como las detectadas en el contrato con MAC Insular, la empresa concesionaria de los escombros en Mallorca.
La presidenta de la institución, Maria Salom, aceptó ayer una petición en este sentido presentada por Joan Font (Més) y Antoni Alemany (PSIB) y anunció que estudiará poner un equipo de funcionarios específico para hacer un seguimiento de las grandes concesiones.
El anuncio de Salom llega un día después de que el Consell anunciara su decisión de remitir a Fiscalía un informe que apunta a posibles delitos en el contrato firmado en 2003 con la empresa gestora de los escombros. En el informe se detalla la posibilidad de que hubiera habido una sobretasación de los terrenos que se ha estado repercutiendo en la tarifa todos estos años.
La respuesta
La empresa sobre la que recaen las acusaciones, participada por Tirme, envió ayer un comunicado en el que anuncia que estudia presentar querellas para exigir responsabilidades patrimoniales o, incluso, responsabilidades personales.
La empresa asegura que todas las supuestas irregularidades que denuncia el Consell fueron cometidas por el propio Consell y no por la empresa adjudicataria y añade que se realizaron inversiones, valoradas en más de 60 millones de euros, «confiando legítimamente en la correcta actuación de la Administración».
«Sorprende que sea la propia Administración contratante la que ponga de manifiesto, diez años después estas supuestas deficiencias de tramitación, de las que MAC Insular resultaría claramente perjudicada, además de ser causa de profunda inseguridad jurídica», señala el comunicado.
Niega tajantemente la acusación de haber prestado un servicio deficiente y, como prueba de ello, señala que en los siete años de funcionamiento del sistema, «jamás ha recibido una queja o notificación de la Administración en tal sentido». Afirma que siempre ha cumplido las obligaciones contractuales y ha aplicado las tarifas aprobadas «pese a las pérdidas económicas que viene soportando».
Los terrenos
Sobre la posible sobrevaloración de los terrenos que denuncia el Consell, la empresa precisa que no pueden tasarse al mismo precio suelos que tienen calificaciones urbanísticas diferente. «Llama la atención que se compare el precio de diferentes suelos sin tener en cuenta su condición de rústica o de uso industrial», dice.
La empresa concesionaria concluye su escrito asegurando que ha presentado «decenas» de propuestas para tratar de abaratar los costes del servicio y asegurar su viabilidad. «Todas las medidas han sido rechazadas expresamente o no han sido contestadas», finaliza el comunicado de la concesionaria.