El empresario Felipe Ferré, sobrino político del expresidente del Govern Jaume Matas, ha aseverado que el exconseller de Comercio Josep Juan Cardona y otros altos cargos de su departamento, acusados en el caso Scala, pretendían participar en un proyecto de promoción turística con bodas chinas para poder cobrar «una comisión de 200.000 euros». Una iniciativa que fue impulsada por la Conselleria de Turismo a instancias de Matas, tal y como ha recordado.
En su declaración como acusado en el juicio por un presunto desvío millonario de fondos públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), más conocido como caso Scala, Ferré ha recordado que el exconseller de Turismo Joan Flaquer, a instancias de Matas, se puso en contacto con él para encargarle llevar a cabo la propuesta, denominada 'Honey Moon' y consistente en promocionar Baleares a través de televisión trayendo parejas chinas recién casadas a las islas.
Sin embargo, a pesar de que la iniciativa iba a ser tramitada por la Conselleria de Turismo, Cardona, principal inculpado en la causa y también expresidente del CDEIB, expuso su «idea de introducirse fuera como fuera en este proyecto». Para ello, pretendía que se invirtieran en el mismo 210.000 euros, que en realidad quería que fueran a parar a los bolsillos de los exresponsables del CDEIB.
Así, en la reunión en que se acordó la participación de la Conselleria dirigida por Cardona, le comentaron a Ferré, según ha relatado, que le iban a «hacer una factura, de la cual queremos una comisión de 200.000 euros», que ascendían a 240.000 euros con el IVA. «La excusa era el proyecto, la realidad la comisión», ha manifestado tajante.
Al ser inquirido por el fiscal anticorrupción Juan Carrau así sobre si Cardona estaba al corriente de estos hechos, Ferré, exconcejal del PP en Lloseta, ha subrayado que «no es una cantidad pequeña para que no estuviera al tanto el conseller».
Tras ello, ha recordado que como finalmente el dinero lo acabó invirtiendo en el proyecto y «no les quise dar la comisión», le «amenazaron» con denunciarle si no les devolvía el dinero. Algo a lo que accedió el empresario al aseverar que, si le denunciaban, «me podían buscar un problema personal muy gordo».
Según la Fiscalía Anticorrupción, lo que realmente pretendían los exaltos cargos del CDEIB era desarrollar el proyecto a través de una de las empresas propiedad de Ferré, Gourmet, y lucrarse con el mismo, financiando su desarrollo con fondos públicos.
COMISIONES PARA EL PP
Felipe Ferré ha confesado que los proveedores que trabajaban para el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) pagaban comisiones a los responsables de este organismo, pagos que «al principio» iban «directamente al PP» mientras que después se hacían tres partes para los exaltos cargos Josep Juan Cardona, Antònia Ordinas y Kurt Viaene.
«Al principio, una vez entregadas me decían que se iban directamente al PP; al principio se iba todo, y después los tres socios ñen alusión a Cardona, Ordinas y Viaeneí se repartían los pagos», ha incidido el inculpado, quien ha apuntado que los trabajos que de forma presuntamente irregular se adjudicaban «eran encargados siempre por las mismas personas».
El acusado ha señalado que en algunas ocasiones las comisiones las pagaba a Ordinas en su casa del municipio de Consell, donde «una vez» vio a Viaene, y en «una o dos» a Viaene en su despacho, en la Conselleria de Comercio. Una vez Viaene estaba en casa de Ordinas.
El inculpado ha afirmado asimismo que Cardona, conseller de Comercio, Industria y Energía y presidente del CDEIB en el último mandato de Matas; Ordinas, exgerente de este organismo, y Viaene, exvicepresidente del mismo, eran socios ocultos en las empresas Comarca Global Consulting, Gourmet and Boutique Island e IAS Hong Kong, de las que era administrador Ferré y que percibieron numerosos contratos del CDEIB durante esa legislatura.
En este sentido, ha señalado que quienes «realmente dirigían» las empresas eran ellos, mientras que «yo ejecutaba las órdenes que recibía». Se trataba de unas sociedades que, según la Fiscalía, cuyos administradores fueron utilizados como testaferros para serles adjudicados contrataciones para la realización de servicios, como estudios y análisis sin utilidad pública alguna, todo ello con el objetivo de apropiarse de los fondos públicos recibidos.
De hecho, en su escrito de acusación, el Ministerio Público apunta a que «absolutamente todos los expedientes de contratación del CDEIB eran simulados». «Sólo se pretendía dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras», recalca la acusación.