Tras conocerse la decisión del juez del caso Nóos de llamar a declarar como imputada a doña Cristina, se han sucedido las reacciones sobre esta noticia, y también sobre el recurso a la imputación que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción.
La Casa del Rey ha expresado su «sorpresa» por «el cambio de posición» del juez José Castro, instructor del «caso Nóos», al haber decidido imputar a doña Cristina, al tiempo que ha mostrado su «absoluta conformidad» con la decisión de la Fiscalía de recurrir esta medida.
El Gobierno y el PP han optado por no comentar la decisión judicial, mientras que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado que la imputación demuestra que la justicia en España «es igual para todo el mundo».
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha celebrado la decisión y ha señalado que «sueña con un país» lleno de jueces como el del caso Nóos. «Tal vez con esto se pueda hacer bueno lo que dijo el monarca que todos somos iguales ante la ley», ha añadido.
De aquel mensaje del Rey también se ha acordado la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila: «Por fin se cumple aquella máxima, enfatizada por el jefe del Estado, de que la Justicia es igual para todos y para todas, aunque debamos lamentar que tardase tanto en manifestarse», asegura en un comunicado.
En un sentido similar, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha señalado que la decisión judicial demuestra que, pese a sus «muchas deficiencias», la democracia española es un Estado de derecho y la impunidad «no se consigue» aunque se trate de un miembro de la Casa Real.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reclamado por su parte que en un Estado de derecho todos los ciudadanos deben ser tratados con igualdad, por lo que ha pedido que la Corona no tenga «ningún tipo de privilegio asociado».
Mientras, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ve en la imputación un «nuevo argumento» para el «pueblo catalán» a la hora de pedir «la República Catalana» que defiende su partido.
No sólo los partidos políticos han reaccionado a la noticia, también lo han hecho colectivos como Manos Limpias, personada en la instrucción del caso Nóos como acusación particular, que se ha congratulado de que «se haya cumplido el precepto constitucional» de que «todos los españoles son iguales ante la Ley».
Para el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, la imputación «está dentro de la normalidad de un Estado de Derecho» y demuestra que la Justicia se aplica a todos los ciudadanos por igual «sin excepciones», además de subrayar que el juez Castro se está limitando a «aplicar la ley, que es lo que ordena la Constitución».
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, también ha considerado que la imputación de doña Cristina evidencia que la Ley se aplica a todos los ciudadanos por igual «sin importar su condición».
Igualmente, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UFP), María Moreto, ha indicado que tanto la imputación de la Infanta Cristina como el recurso que ha anunciado la Fiscalía contra su citación demuestran que «es una ciudadana más, sin distinciones».
Según Moreto, el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya anunciado su decisión de recurrir la citación evidencia que la ley es igual para todos, ya que «lo raro sería» que, si el fiscal cree que tiene que recurrir la imputación, no lo hiciera.
Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el expresidente del Congreso José Bono, para quien la imputación de doña Cristina deja «claro» que la justicia funciona y ha considerado que sería «prudente» que renunciara a sus derechos en la línea sucesoria «por el propio bien de la monarquía y de la Corona»