La titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, decretó el ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza de Emilio Gallardo, delegado de la asociación PAS-Amics del Camí, vinculado al PSM, por apoderarse, presuntamente, de unos 60.000 euros de dinero público a través de expedientes de contratación cuya finalidad era la puesta en marcha de rutas de senderismo cultural. Gallardo habría solicitado hasta 120.000 euros, de los que recibió 60.000.
El imputado declaró ante la juez y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán el pasado lunes, e ingresó en la cárcel en la madrugada del martes para «evitar la reiteración delictiva y la alteración de pruebas», según el auto judicial. Los delitos que se imputan al coordinador y delegado de PAS-Amics del Camí son malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
El fiscal pidió el ingreso en prisión de Gallardo (en la foto) tras un intenso interrogatorio realizado en el juzgado de guardia, que el lunes correspondió a Instrucción 12. Como medida cautelar penal, la juez acordó prohibir a a la Asociación Pas Amics del Camí satisfacer el importe de las subvenciones investigadas.
Expedientes
También destacan dos expedientes facturados al Imet, una empresa del Inestur, donde los técnicos concluyen que «con caracter general, la elaboración y tramitación del expediente presenta omisiones formales, deficiencias, falta de claridad en la realización del contrato produciendo incertidumbre sobre el cumplimiento real de los trabajos realizados».
Gallardo explicó que los trabajos se realizaron «en su totalidad», y que el dinero fue depositado en una cuenta de la Asociación PAS Amics del Camí, con sede en Cardedeu (Barcelona). Dijo que entre 2009 y 2011 cobró de esa asociación 600 euros mensuales.
Entre las irregularidades detectadas y que menciona la juez en el auto, destacan las declaraciones del propio imputado admitiendo que las nóminas no son reales, que cobraba menos, que imputaba gastos y se cobran horas de forma absurda... «Lo que acrecienta las sospechas de que tales contratos también podrían haber sido la forma de desviar dinero público», señala la magistrada. Añade que existen indicios de que las justificaciones de los trabajos «son meramente aparentes cuando no falsas», pues se dedican jornadas extremas para simples actividades, entre ellas, 50 horas dedicadas para concertar cita con el alcalde de un pequeño municipio de Mallorca-Fornalutx o a 70 horas para concertar cita con otro alcalde. También, la juez menciona el contenido de fichas obtenidas de wikipedia o estudios «poco serios» de los caminos pues «se limitan a georeferenciar con un GPS». Contra el auto cabe presentar un recurso de reforma y subsidiario de apelación.