La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Govern por el despido de casi 600 trabajadores –en concreto 598– de empresas públicas. Desde la federación esperan que la Justicia declare improcedentes o nulas estas resoluciones del Ejecutivo afirmando que «se han realizado de forma totalmente arbitraria».
Así lo explicó ayer Aurelio Martínez, secretario general de la FSP-UGT, acompañado del secretario de Acción Sindical, Miguel Ángel Romero; el responsable de autonómica de la FSP-UGT, Jordi Crehuet, y el responsable de empresas públicas, Jorge Rivas. «Consideramos que los despidos son nulos o improcedentes, tal y como ha quedado constatado en las resoluciones de las demandas individuales», afirmó.
Justicia
«Esperamos que la justicia reconozca que lo que está haciendo el Govern es un proceso colectivo», apuntó Romero.
La demanda deriva del recurso contencioso-administrativo del sindicato que admitió a trámite el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y es un paso más en el proceso judicial, que se ha prolongado después de que el Govern no haya respondido a los requerimientos de documentación del tribunal.
La FSP-UGT ha presentado unas 25 demandas individuales de personal laboral despedidos, de las que unas 5 ya han obtenido sentencia. En todos lo casos el juez ha declarado el despido nulo o improcedente y en algunos ha obligado a la Administración a la readmisión del empleado y al pago de su salario de tramitación o lo que es lo mismo, el salario que habría cobrado si no le hubieran echado.
Si la demanda de UGT prospera el Govern tendrá que hacer frente al pago de indemnizaciones que pueden ser millonarias e iniciar de nuevo todo el proceso de reestructuración del sector público.