No hay marcha atrás. Los servicios jurídicos de la Conselleria de Turisme i Esports ultiman la redacción del pliego de condiciones del concurso que pretende la privatización de la gestión de todas las instalaciones de Calanova, un pequeño puerto deportivo que pertenece a la Comunitat Autònoma. La medida cuenta con la oposición de los usuarios, en especial los titulares de los amarres, los cuales serán recibidos el próximo lunes por el conseller Carlos Delgado.
«Calanova es deficitario porque se administra mal», asegura Juan Cuesta, que encabeza la asociación de usuarios de amarres de este puerto deportivo que se encuentra frente a Sant Agustí, en Palma –cuenta con 214 puntos de amarre para embarcaciones de 5 a 16 metros de eslora–, y que alberga una residencia deportiva y un centro de tecnificación. Todo ello pasará a ser gestionado por una empresa privada cuando se resuelva el concurso que tiene previsto convocar la Conselleria de Turisme i Esports en el transcurso del próximo mes de abril. Todavía se desconoce el importe del canon que se exigirá para obtener la concesión de la explotación de Calanova.
En opinión de Cuesta «están dejando morir Calanova», el cual acumula unas pérdidas anuales de alrededor de entre 600.000 y 800.000 euros. Como usuario de Calanova Cuesta no logra entender esta situación, «el resto de instalaciones deportivas públicas están abarrotadas mientras en Calanova apenas se organizan actividades, es un contrasentido». Como representante de los usuarios «nosotros hemos ofrecido un plan para que Calanova no suponga ningún coste para la Administración», señala Cuesta, el cual recuerda que sólo por el concepto de amarres la recaudación anual alcanzan los 400.000 euros.
Caos administrativo
Calanova se inauguró en agosto de 1976 en una ceremonia presidida por los Reyes. Entonces pertenecía a la Administración central hasta su transferencia a la Comunitat Autònoma. Además de los amarres, el puerto deportivos cuenta con una residencia y un centro de tecnificación a cargo de la Federación Balear de Vela.
Cuesta señala que el proceso de privatización, del que se sospecha que pueda estar impulsado por alguna promoción inmobiliaria de lujo muy próxima, «es un auténtico caos administrativo, sospechamos que la documentación necesaria para la convocatoria del concurso podría no estar completa».
En la actualidad, un amarre medio tiene un coste de entre 2.100 y 2.600 euros anuales, unos mil euros más económicos que puntos de amarre similares en puertos deportivos de explotación privada en las inmediaciones de la bahía de Palma.