Las empresas o autónomos que contraten a cualquier persona que cobre el salario mínimo de inserción social tendrá una bonificación equivalente de la institución insular. Se trata de un programa pionero en toda España, según explicó la consellera de Benestar Social, Catalina Cirer, que busca combinar las ayudas sociales con la inserción socio laboral de los beneficiarios.
Cirer presentó la iniciativa con la presidenta de la institución, Maria Salom, que se mostró muy satisfecha con el trabajo realizado por el equipo de Benestar Social. La presidenta explicó que el programa piloto se iniciará con una dotación de 150.000 euros, que permitirá reinsertar laboralmente a entre 70 y 80 personas. Salom explicó que el propósito es mantener las ayudas sociales a los más necesitados con la integración en el mundo laboral.
Cambiar la mentalidad
La presidenta del Consell opinó que es imprescindible empezar a cambiar la mentalidad con respecto a los servicios sociales, para empezar a trabajar con la empresa privada. «La gente cobrará por su trabajo, cobrará más y no será una simple subvención, que es mucho más frustrante», afirmó Salom.
La renta mínima de inserción social ronda los 300 o 400 euros, según los casos, y se abona cuando a aquellas personas que han agotado todas sus prestaciones. Cirer y Salom explicaron que el perfil de perceptores de estas ayudas ha cambiado en los últimos años: han comenzado a demandar la ayuda personas sin problemas sociales, integrados en la sociedad, en algunos casos con estudios universitarios, pero que llevan más de dos años en el paro.
Dudas de la oposición
El Consell aprobó inicialmente las bases de esta convocatoria, aunque los representantes de la oposición se abstuvieron. El portavoz del PSIB en la institución, Jaume Garau, consideró que en la bases debía ampliarse a tres meses la duración mínima del contrato y también consideró imprescindible que la ayuda se dé solo cuando suponga una ampliación de la plantilla de la empresa. Garau se mostró además en contra de que esos 150.000 euros del programa se detraigan de la partida de 6,5 millones destinada al salario de inserción.
La consellera de Benestar Social se mostró dispuesta a introducir modificaciones en las bases durante el plazo de alegaciones, pero señaló que esos 150.000 euros salen de la partida de salario social porque los beneficiarios que sean contratados dejarán de cobrar la ayuda.