A Palma le corresponden 65 viviendas de las 5.891 que las entidades financieras han puesto a disposición de las familias que han sido desahuciadas. El teniente de alcalde d'Urbanisme, Jesús Valls, puntualizó que algunos de estos pisos, cedidos por 10 entidades financieras, pueden estar ocupados actualmente. En este sentido, recordó que el pleno de Cort aprobó por unanimidad adherirse a este fondo social de viviendas estatal.
Por su parte, el Ajuntament de Palma pondrá 22 viviendas a disposición de las personas más vulnerables, afectados por insolvencia sobrevenida y por los desahucios.
Protocolo
La teniente de alcalde de Benestar Social, Sandra Fernández, informó de que la Junta de Gobierno aprobará hoy un Protocolo de Actuación Conjunta del Fondo de Viviendas Sociales Municipales y explicó que «mejora y agiliza los trámites para acceder al fondo de viviendas municipales» y que pone a disposición ‘pisos puentes' para personas desahuciadas. Los alquileres no superarán el 20 % de los ingresos del total de la unidad familiar, por lo que oscilarán entre los 72,98 euros y los 266,25. Los contratos de alquiler serán de un año, prorrogable a 5 años más si los servicios sociales consideran que se continúan cumpliendo los requisitos. Cabe destacar que las ayudas de este fondo podrán ser compatibles con otras ayudas sociales que oferta el Consistorio palmesano.
Fernández subrayó que el protocolo de Cort «exige unos requisitos menores que los que contempla el fondo social de viviendas a nivel estatal». Así, este último establece que la ayuda la podrá recibir una unidad monoparental con dos hijos a cargo, así como una unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años; mientras que el protocolo social de Cort prevé el acceso a las viviendas a la unidad familiar monoparental con hijo/s menores a cargo y unidad familiar con hijos menores.
En cuanto a los requisitos derivados de las condiciones económicas, el Ajuntament también los ha reducido en comparación con lo que hasta ahora contemplaba el Patronat de l'Habitatge. Así, mientras que el Patronat de l'Habitatge exige unos ingresos mínimos anuales de 10.000 euros, el nuevo protocolo los cuantifica en 4.300 euros; los máximos que impone el Patronat son de 28.490 euros, mientras que el protocolo municipal lo establece en 15.900 euros.
Valls y Fernández aseguraron que «la intención de Cort es que puedan ocuparse todas las viviendas en el menor tiempo posible».