El Govern balear informó ayer del pago de 6.551 facturas por valor de 48,5 millones de euros a proveedores de las Islas, cuyas facturas están incluidas en la segunda fase del Plan de Pagos a Proveedores.
Hasta el 22 de marzo, los proveedores pueden consultar el listado de facturas de la CAIB y aceptar el pago de la deuda mediante este mecanismo, renunciando a los intereses. El pago se hará en la primera quincena de junio. Las medida afecta a las deudas de la Administración autonómica, el IB-Salut y los entes dependientes y contabilizadas antes del 1 de enero de 2012.
Este procedimiento supone ampliar los efectos del mecanismo extraordinario de pagos que se puso en marcha el mes de abril del año pasado en facturas correspondientes a modalidades contractuales que quedaron fuera de aquella primera fase, como las concesiones administrativas, las encomiendas de gestión, los contratos de arrendamiento de inmuebles o los contratos de colaboración público-privada.
Facturas previas
La Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha certificado para este nuevo procedimiento un total de 6.551 facturas. De este total, 5.684 por valor de 44.856.699 euros, corresponden a 2011, mientras que el resto, 867, por un importe de 3.642.289 euros, son de años anteriores.
Este procedimiento se pone en marcha como consecuencia de la decisión del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2013 de extender el Plan de Pago a Proveedores de las Comunidades Autónomas y entes locales, en aplicación del Real Decreto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
Se pueden incluir en esta nueva fase del mecanismo las obligaciones pendientes de pago a los proveedores derivados de concesiones administrativas, de encomiendas de gestión en que la entidad encargada tenga atribuida la condición de medio propio y de servicio técnico de la Administración que no se encuentre incluida en la definición de Comunidad Autónoma.
También figuran los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles, los contratos previstos en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y los contratos de concesión de obras públicas, de colaboración entre el sector público y el sector privado, y las derivadas de contratos de gestión de servicios públicos.