El Govern debe casi 20 millones de euros en ayudas a viviendas concedidas en el periodo 2009-2012. En concreto, 14.394.056 euros corresponden a las líneas de ayudas de Viviendas y 5.524.141 euros de ayudas de Patrimonio para fachadas, aceras, etc. (de esta cantidad una parte se le debe a los ayuntamientos). El director general d'Habitatge, Jaume Porsell, explica que el Ejecutivo de Bauzá decidió cerrar el 31 de diciembre de 2012 todas estas líneas de ayudas, para que la deuda contraída con los ciudadanos no continuase incrementándose.
Cabe destacar que hay ayudas solicitadas que suman unos 8 millones de euros, que cumplen los requisitos, pero que no se ha tramitado el pago para no aumentar aún más la deuda hasta que no haya disponibilidad presupuestaria para pagarlas.
Porsell calcula que esta año podrán pagar las ayudas concedidas en 2009 y 2010, así como algunas correspondientes a 2011, año del que hay más pagos pendientes. Aunque puntualiza que el pago depende de la Tesorería de la Comunitat, espera que en 2013 se puedan destinar 5-6 millones de euros a este finalidad.
Desvío de 19,2 millones
El director d'Habitatge reprocha al Pacte que de los 38.801.503 euros de los fondos finalistas del Ministerio de Vivienda para el pago de estas ayudas que llegaron entre 2007 y 2011, se desviasen 19.262.795 euros a la caja única de la Comunitat para pagar gasto corriente. De haberse destinado todo el dinero que envió Madrid al pago de las subvenciones la deuda con los ciudadanos sería de 655.405 euros, frente a los 19.918.197 euros que se adeudan. «Se siguieron tramitando solicitudes sin tener presupuesto asignado y sin tener en cuenta el Plan Estatal de Vivienda; todo ello nos ha llevado al caos», explica Porsell. En este sentido añade que estos impagos están causando muchos problemas a los beneficiarios de estas ayudas, ya que han adelantado el dinero para hacer obras y años después aún no lo han cobrado. Sin embargo, sí han tenido que pagar los impuestos derivados de la concesión de estas ayudas, aunque no las hayan cobrado. «Los ciudadanos hacían unas cuentas con un dinero que no han recibido y por el que tienen que pagar impuestos», reprocha.
Además, lamenta que muchos ciudadanos les piden certificados que justifiquen que el Govern les debe las citadas ayudas para poder ir al banco a solicitar la concesión de un crédito. En algunos casos, los beneficiarios han perdido el empleo y necesitan el dinero que han adelantado. «Hay gente que viene llorando pidiéndonos el dinero porque se han quedado sin trabajo. En muchos casos se trata de temas de mejora de accesibilidad, de personas que adelantaron entre 2.000 y 5.000 euros para cambiar una bañera o poner una rampa y ahora les hacen falta para subsistir», narra el director general d'Habitatge.