El proyecto de ley de pesca que el Govern aprobó ayer para que sea discutida en el Parlament abre el paso a la regulación del turismo pesquero, «una reivindicación del sector», según el conseller Company, y eleva el importe de las sanciones para la venta no autorizada de capturas.
El proyecto ordena y regula la actividad pesquera, profesional y recreativa, en los 2.500 kilómetros cuadrados de aguas interiores que son competencia del Ejecutivo autonómico.
Según datos del Govern, salen a la mar a la mar 671 pescadores que capturan unas 3.400 toneladas al año, mientras que se estima que unos 85.000 residentes practican la pesca recreativa, que podría suponer la captura de hasta 1.500 toneladas al año.
La ley compilará normativa dispersa en algunos ámbitos y ordenará otros carentes de reglas en las aguas interiores, en las que junto con la pesca recreativa se practican las artes menores tradicionales, mientras que las que suponen capturas más cuantiosas, cerco y arrastre, se desarrollan en aguas exteriores, que son competencia del Gobierno central.
En relación a las sanciones, el conseller Company explicó que la venta de pescado por parte de aficionados, considerada hasta ahora falta grave, pasará a ser muy grave, con lo que las sanciones pueden ir de 30.000 a 150.000 euros.
La ley, primera para este ámbito que se aprueba en Balears, también prevé la creación de la red r de áreas marinas protegidas.