El Govern se vio obligado a pagar el año pasado 25,8 millones de euros debido a sentencias judiciales adversas, según datos de Vicepresidència del Govern. De esta cantidad, 15 millones corresponden a sentencias contra decisiones tomadas por las empresas públicas de la Comunitat, básicamente de los hospitales, fundaciones, SFM e Ibavi.
El Govern no ha detallado quiénes son los empresarios o entidades que han percibido estas cantidades por decisiones judiciales, pero de los 10 millones que tuvo que pagar la Comunitat –no sus empresas públicas– más de la mitad, un total de seis millones, corresponde a una única sentencia.
Un 80 por ciento
A ella se suma otra sentencia judicial que obliga al Govern a abonar 2 millones de euros, lo que significa que tan solo en dos sentencias está el 80 por ciento de los pagos hechos por el Govern.
De las decisiones judiciales contrarias a decisiones de las empresas públicas destaca el hecho de que 3,7 millones de los 15 pagados por intereses de demora. Los tribunales están reconociendo a los empresarios que tienen derecho a percibir los intereses de sus préstamos bancarios.
Los intereses de demora se deben a que la Administración o las empresas públicas no pagan a tiempo a los proveedores y a estos nos les queda más remedio que recurrir a los préstamos para afrontar sus pagos. Los tribunales reconocen que el Govern debe pagar estos intereses.