Cuatro de cada diez jueces, un 39 %, secundaron ayer la huelga para protestar contra las reformas propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallarón, entre ellas la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la anunciada «privatización» del Registro Civil y la «paupérrima» situación de medios personales y materiales que soporta desde hace décadas la Administración de Justicia.
A la huelga de los magistrados se unieron, por primera vez, los fiscales de Balears.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Baleares (TSJIB), de los 130 jueces que hay en las Islas, 51 comunicaron que secundaban la huelga.
En Mallorca se sumaron a la huelga 41 de los 111 magistrados (37 %), mientras que en Eivissa la secundaron 8 de los 12 jueces (66 %) y en Menorca 2 de los 7 magistrados (28,5 %).
Jueces y fiscales se concentraron ayer en el TSJIB. La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moretó, reclamó más medios para luchar contra el «cáncer de la corrupción» en Balears y en España.
Moretó dijo que «la corrupción requiere medios y, en concreto en estas islas, los casos de corrupción siguen adelante porque jueces, fiscales y secretarios ponen absolutamente todo de su parte».
El decano de los jueces de Palma, Francisco Martínez, dijo, por su parte, que los asuntos de corrupción deben ser objeto de «especial atención y medios», pero no a costa de desatender otras jurisdicciones que se encuentran también en una situación de «penuria de medios importante».