Representantes sindicales se vieron ayer obligados a acudir al Parlament para contrarrestar la desidia de los partidos políticos con el cierre del grupo turístico Orizonia. «Como no veíamos interés por lo que estaba sucediendo, hemos optado por ir al lugar en el que sí están los políticos. Nos hemos reunido con ellos y nos quedamos con las palabras y el mensaje del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, en el sentido de que los servicios jurídicos de la CAIB van a estudiar si el Govern se presenta como acusación particular por si hubiera habido mala gestión», explicaba ayer el coordinador de USO, Jaume Grimalt.
Sobre este anuncio, USO afirmó: «Nos lo queremos creer, por supuesto. Tenemos la esperanza de, sobre todo, salvar los 5.000 puestos de trabajo. Luego que lo haga o no lo haga, no depende de nosotros. Queremos salvar los empleos y nos creemos todo lo que nos digan».
Minutos antes de reunirse con el president Bauzá, los representantes sindicales mantuvieron un encuentro con los portavoces del PSIB y Més, Francina Armengol, y Biel Barceló, respectivamente.
Responsabilidad
Los representantes de los partidos de la oposición coincidieron en señalar en que «hay que pedir responsabilidades y saber cómo se ha llegado a esta situación».
Los sindicatos, tanto USO como CCOO y UGT, coinciden en señalar en que ha faltado implicación de los partidos políticos para analizar, entender e intentar resolver el problema del principal grupo turístico con sede en Balears.
El president Bauzá, a parte de anunciar la actuación de los servicios jurídicos, explicó a los sindicatos que había que intentar paralizar el concurso de acreedores de Orizonia, para lo cual realizaría «una serie de gestiones y llamadas», según apuntaron fuentes sindicales.