Unas 300 personas, según fuentes policiales, se dieron cita a las 18.00 horas de ayer en la Plaça d'Espanya, de Palma, para dar apoyo a la concentración en favor del derecho a la vivienda. Una protesta convocada en toda España por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y apoyada por colectivos sociales.
La plataforma promueve la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tiene como objetivo cambiar la ley vigente sobre desahucios de 1909 para detener su ejecución. Asimismo, la plataforma reivindicó la dación en pago con efecto retroactivo y la promoción del alquiler social.
Ángela Pons, presidenta de la citada plataforma, calificó la situación actual de «grave» y «urgente», y tachó de «genocidio financiero» las 420.000 ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo en los últimos seis años en España, así como los 220.000 desahucios.
«Son crímenes»
Pons denunció la complicidad del Gobierno con la situación actual y aseguró que el Gobierno «es responsable» y «debe dar una solución a la crisis social que vive el país».
La presidenta de la plataforma manifestó su escepticismo sobre el voto del PP a la ILP: «Me basta saber que nos harán esperar hasta el 7 de marzo para saber su decisión. Está claro que nosotros no podemos esperar y sostener esta situación que condena a miles de familias», apuntó.
Durante la concentración se llevó a cabo un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de esta crisis: «No son suicidios, son crímenes», rezaban en este sentido algunas pancartas.
En la lectura del manifiesto se profirieron gritos contra la corrupción política: «¡Que busquen el dinero en los sobres de Bárcenas!».