MES ha tildado de «despropósito» la reforma de la ley de administración local que inició su trámite este viernes no solo «por el contenido de sus propuestas», sino porque también «forma parte de una estrategia del PP para tapar los escándalos de los sobresueldos de su partido proponiendo la limitación de los sueldos de los alcaldes».
En un comunicado, la coalición ha mostrado su rechazo frontal a esta determinación y ha remarcado que no está de acuerdo en la limitación de las dedicaciones exclusivas de los regidores electos mientras se permite la contratación de asesores no electos. «Esto sí que se tendría que limitar. Se debería prohibir la contratación a dedo de los asesores de los Ayuntamientos», ha indicado el portavoz de los econacionalistas en el Consell de Mallorca, Joan Font.
Font ha remarcado el trabajo llevado a cabo por los alcaldes y ha defendido que los que tengan dedicación exclusiva deben «tener un sueldo digno». Asimismo, las Mancomunidades que funcionan bien y dan servicios más económicos se deben poder mantener y no eliminar porque son, tras los ayuntamientos, la primera instancia de la administración con la que cuentan los ciudadanos.
No obstante, MES está de acuerdo en que las competencias de Sanidad y Educación pasen a ser de las Comunidades Autónomas siempre que éstas ofrezcan un servicio gratuito y de calidad. Si estas condiciones no se garantizan, creen necesario replantear la necesidad de centralizar estos servicios que son de primer orden para las personas.
«La limitación de los sueldos tan solo pretende tapar el escándalo de los sobresueldos del PP», ha manifestado Font, quien también ha añadido que, con esta reforma, el Gobierno central supondrá que únicamente las personas «ricas y los funcionarios» podrán dedicarse a la política municipal, porque ningún buen profesional querrá hacerlo si no está adecuadamente valorado, también económicamente.
MES ha incidido en que la reforma es un ataque frontal al municipalismo y a la autonomía local y va en contra de los fundamentos de la democracia. La reforma supone un aumento «espectacular» del poder de los partidos grandes que suelen «mandar» en los Consells, autonomías y Ejecutivo central para «favorecer el bipartidismo y en perjuicio del resto de partidos minoritarios.
Finalmente, ha apuntado que supone un «control absoluto» del Estado sobre los ayuntamientos que, en la práctica, estarán intervenidos económicamente y democráticamente. Además, esta reforma no resuelve el déficit histórico de la financiación local, porque debería prever una ley específica de financiación local que revirtiera los recursos ahorrados en la financiación de las competencias propias que desde siempre han sido mal financiadas, concluyen.