Los consejeros de la candidatura olímpica Madrid 2016 rechazaron de plano las pretensiones económicas de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para asesorar el proyecto de organizar los Juegos en la capital de España, porque lo que exigían «estaba fuera de mercado con lo que suelen cobrar los 'lobbys' por estas mismas gestiones», según declaró al juez en calidad de imputada la exconsejera delegada de esa candidatura Mercedes Coghen.
Los dos exsocios en el Instituto Nóos pidieron inicialmente 15.000 mensuales para colaborar «activamente» con Madrid'16, pero ante la reticencia de sus interlocutores, rebajaron esa cantidad hasta los 6.000 euros a cobrar en dos años.
«A cambio de sus servicios, los señores Torres y Urdangarin solicitaban una remuneración de los mismos», dijo Coghen.
Para justificar sus emolumentos, un total de 120.000 euros, Urdangarin, incluso, contactó con una Fundación que intentaba integrar a niños marginados a través del deporte. «Me consta que el señor Urdangarin hizo gestiones al respecto por encargo nuestro», precisó.
Los supuestos trabajos realizados por la Fundación Deporte de Urdangarin y Torres, entre ellos, los contactos con miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) no están justificados, según el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
«Se constatan indicios de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos en la entrega de las cantidades fereridas (120.000 euros) por parte de la Fundación Madrid 16 a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS)».
Los dos exsocios en Nóos serán interrogados por esas cuestiones en sus respectivas comparecencias en Palma los próximos días sábados, 16 y 23 de febrero.
Apoyos
Por otra parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella defendieron ayer las decisiones que adoptó Mercedes Coghen.
Gallardón, que presidió el patronato Madrid 2016 entre 2003 y 2011, dijo: «Coghen hizo siempre lo que creyó mejor para la candidatura olímpica».
Botella, que relevó a Gallardón en diciembre de 2011, afirmó: «Estoy segura de que actuó de buena fe. Hacer 'lobby' es difícil de cuantificar».
El primero en avisar sobre el acuerdo entre Urdangarin y Torres con Madrid-16 fue el expresident del Govern balear Jaume Matas a través de su abogado, Antonio Alberca. Después, las presuntas irregularidades del convenio, sobre todo, la falta de justificación de las facturas pagadas a Urdangarin, fueron denunciadas a la Fiscalía General del Estado por el delegado de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga.